Compartimos la reflexión del compañero Lucho Roa, abogado laboralista y docente de la UBA en relación al decreto del gobierno donde busca dar de baja a pensiones por invalidez.
El gobierno acaba de dictar la Resolución 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad por la cual va a dar de baja las pensiones no contributivas por invalidez que no reúnan los requisitos del Decreto 432/97.
Dicho Decreto es una norma del sadomenemismo que nunca fue aplicado por su salvajismo, y la insensibilidad social que ello acarreaba; porque para acceder a la pensión, los discapacitadxs debían demostrar:
Que su invalidez afectaba un 76% o mas (sic) de su capacidad laborativa;
Que ni los beneficiarios ni sus cónyuges estaban amparados por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
Que no poseían bienes, ingresos ni recursos que permitieran su subsistencia.
Que sus parientes “obligados” (sic) o su grupo familiar no realizaran actividades o poseyeran ingresos, o cualquier otro elemento de juicio que permitiera saber si el peticionante contaba con recursos o amparo.
Ahora lxs discapacitadxs deberán acreditar en el “perentorio plazo de 10 días hábiles administrativos” -como señala la fría ley de procedimientos administrativos y su decreto reglamentario- que viven en la extrema indigencia y que merecen ser mirados por el Estado de Malestar como sujetos de derechos.
La crueldad es una política de Estado.