Transcurrieron de 26 años de gobiernos democráticos, para que se retomara como uno de los ejes fundamentales de la vida nacional, el tema comunicacional. Esta ley da cuenta tal vez como ninguna otra de un elaborado encuentro entre una marcada participación social , un largo proceso de de debates y búsqueda de consensos colectivos en torno a la problemática de la comunicación social en argentina, que encuentra en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner receptividad y valentía en la decisión política de hacer frente al establisment y retomar la esencia de los planteos forjados en la coalición por los 21 puntos para una radiodifusión democrática. Discutida en una infinidad de foros sociales y finalmente votada en ambas cámaras por una amplia mayoría conformada por diferentes partidos políticos, lo que le brinda una sobrada legitimidad. Omitida muchas veces, por distintos artilugios discursivos.
Los ejes que vertebran su estructura quedan ligados a conceptos como el de participación, la pluralidad, la diversidad y el acceso al derecho humano de la comunicación. Una clara ampliación de derechos para diferentes sectores que veían negada su posibilidad de expresarse, de exhibir sus manifestaciones culturales y de contar con la posibilidad de acceder siquiera a las frecuencias de radio y televisión. Garantizar la diversidad cultural, aumentar la visibilidad de las diferentes identidades, y la pluralidad de las opiniones. Una ley inclusiva que enerva los ánimos de quienes han sostenido durante mucho tiempo la idea de que los medios sólo deben pertenecer a personas físicas o jurídicas con fines de lucro.
La sensibilidad de estos sectores aumente porque además busca la desconcentración a partir del establecimiento de límites a la propiedad de medios y señales, evitando prácticas monopólicas que solo piensan a la comunicación en términos mercantiles. La ley de servicios audiovisuales pone acento en la posibilidad de pensar a la comunicación como un bien social.
Las maniobras de postergación, de fastidio , de incomodidad parecen llegar a una situación límite este 7 de diciembre donde se aplicara el artículo 161 de desinversión que obliga a los grupos concentrados a adecuarse a los términos que fija la ley. En ese sentido si bien es un punto de inflexión el denominado 7D debe ser entendido como un proceso donde este nuevo punto de partida permitirá un flujo más equitativo de los actores que participan de la escena comunicacional.
Uno de los principales desafíos de la Facultad de Ciencias Sociales, será seguramente proveer de nuevas voces, pensamiento crítico que deberá circular por los nuevos medios. Capacitar y formar a las organizaciones sociales que lo requieran en los aspectos técnicos y teóricos para asumir responsabilidades mediáticas. Ser una de las principales productoras de contenidos audiovisuales, que garanticen la pluralidad de perspectivas socioculturales y conformar su propia medidora de audiencia desde una mirada atenta a la diversidad de los públicos donde la clave no sea el relevar los gustos de los que más consumen.
Creemos que solo la democratización de los medios de comunicación, la multiplicación de las miradas y las voces, el acento puestos en medios que educan, y que no solo entretienen, es la clave para fortalecer el sistema democrático en su conjunto. La disputa actual sobre la ley de medios audiovisuales no es una diferencia menor, es tal vez uno de los pasos más importantes para garantizar una sociedad que profundice su democracia y que tenga como objetivo la conquista de la justicia social.
FEDUBA SOCIALES