Luego de que FEDUBA llevara al Congreso de la Nación la discusión sobre las jubilaciones docentes universitarias y se reuniera con Adriana Puiggrós, y Juan Carlos Díaz Roig debido al incumplimiento de aspectos de la Ley de Jubilación Docente Universitaria Nro. 26.508 por parte de la UBA; continúa el debate y las propuestas por parte de las diferentes representaciones gremiales.
A continuación reproducimos la nota publicada en Página/12 que plantea las diferentes posiciones de los gremios de docentes universitarios en torno al parcial incumplimiento de la nueva ley de jubilaciones docentes. En este punto, la propuesta de FEDUBA, a través de Federico Montero, Secretario Gremial es la de armar “…una comisión de trabajo, mediante una paritaria local, para resolver los casos urgentes.”
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Un problema de edad jubilatoria
Los tres sindicatos docentes de la universidad aseguran que este mes entre 700 y mil profesores de 65 años serán obligados a jubilarse, porque la UBA no les reconoce el derecho a seguir enseñando cinco años más, como fija la ley.
Los tres gremios con representación entre los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denuncian que entre setecientos y mil profesores se encuentran forzados a jubilarse a fin de mes. Se trata de docentes que ya cumplieron 65 años y a quienes la UBA –según la denuncia gremial– no les permite optar por seguir enseñando hasta los 70 años, como prevé la ley 26.508, sancionada en 2009. Para las autoridades de la UBA, el derecho a esa opción “violenta la autonomía universitaria” al contradecir el estatuto de la institución, que fija en los 65 años la edad tope para ejercer la docencia. Hasta tanto se dirima judicialmente el conflicto entre la ley y el estatuto de la UBA, el Consejo Superior de la Universidad dispuso habilitar la opción, pero sólo para los profesores regulares (concursados), excluyendo del beneficio a los docentes interinos (contratados).
La semana pasada las representaciones gremiales universitarias fueron convocadas al Congreso, en donde mantuvieron reuniones con los presidentes de las comisiones de Educación, Trabajo y Previsión Social, con el fin de analizar el conflicto y buscar puntos de encuentro. En tanto, fuentes del Rectorado de la UBA argumentaron que es la universidad la que tiene la potestad de determinar las designaciones docentes y que la condición propia de estos cargos es su renovación periódica. Además, alegaron que la información que circula no es exacta, que debe analizarse caso por caso y que, de todas formas, no va ocurrir lo que los gremios temen, la “cesantía de casi mil docentes”.
“Es el mayor ataque que recibimos en los últimos años en la UBA. Se vulnera el derecho a opción consagrado por ley, que no hace distinción entre interinos y regulares –dijo el titular de la Asociación Gremial Docente (AGD), Santiago Gándara–. La cifra de docentes afectados que detectamos, porque no nos dan la información oficial, está entre 800 y mil casos, y el 30 por ciento de ellos está en (Ciencias) Sociales y en el Ciclo Básico Común.” Gándara contó que “en algunos casos los docentes se enteraron de la cesantía porque su materia no está ofertada, o directamente cuando fueron al cajero. Aunque la mayoría de las designaciones –aseguró– van a caer a fines de marzo”. El dirigente detalló que el reclamo se está canalizando por la vía judicial (con amparos ante la Justicia), la vía política (con reuniones con diputados en el Congreso y con proyectos de rechazo en los consejos directivos de las facultades) y “la vía de la movilización, incorporando el reclamo al paro nacional que la Conadu Histórica anunció para este jueves”.
El secretario general del gremio Aduba, Daniel Ricci, comentó: “Nosotros presentamos ante la Justicia un pedido de inconstitucionalidad de la reglamentación de la UBA. Entendemos que el derecho que otorgó el Congreso tiene que ser tanto para docentes interinos como regulares –dijo–. En el ’85 y ’86 se dio un importante nombramiento de docentes en la UBA, y hoy la injusticia mayor que se está dando es que hay una gran cantidad de docentes a los que les faltan uno o dos años para alcanzar los 25 años y cobrar el 82 por ciento de jubilación, y por esta reglamentación no pueden alcanzar el beneficio”.
El reclamo también es tomado por Feduba, cuyo secretario gremial, Federico Montero, destacó: “Sabemos que no nos pondremos de acuerdo con la UBA en el fondo de la cuestión. Entendemos que la universidad incurre en una restricción arbitraria porque establece una distinción en donde la ley no la hace. Y, además, malinterpreta la autonomía de la universidad. Pero también entendemos que hay una necesidad de resolver las cuestiones más críticas –dijo Montero–. Así que mientras seguimos peleando por la plena vigencia de la ley, proponemos una comisión de trabajo, mediante una paritaria local, para resolver los casos urgentes. Y para eso pedimos ayuda al Ministerio de Educación y le pedimos a la UBA que se aboque a sentarse a dialogar”.
Informe: Agustín Saavedra.
Fuente: Página/12; martes 20 de marzo de 2012.