¿Qué significa conmemorar un día? En tiempos de slogans, de imágenes vacías, de pura sincronía; es necesario reponer sentidos, reconstruir los relatos que nos permitan fundamentar que, un horizonte ético es posible. Llamamos ética a ese valor abstracto que nos permite suponer detrás de cada persona, un sujeto, y no a un objeto, que se puede manipular sin consecuencias trágicas. Es alguien que debe recibir un trato digno a partir de su existencia. ¿Qué es lo esperable para un sujeto desde la perspectiva de la salud mental, incluso desde las ciencias humanas en general? Entendemos que las personas, en tanto sujetos, están atravesadas por los afectos, que parte de su identidad se constituye a partir del modo de intercambio de lazos afectivos con su entorno. Esto es muy importante en los primeros años de existencia, pero no menos en el resto de la trayectoria vital de cada quien.
El día internacional de la Salud Mental, fue impulsado en el año 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) con el objetivo de concientizar sobre su existencia y relevancia para la existencia humana.
Es fundamental poder entender este término, al menos, en dos dimensiones:
La primera es la más usual y encuadra los trastornos o padecimientos en salud mental. La segunda, la que nos importa ahora, es política, por lo tanto incluye a la primera y estructura las bases para comenzar a hablar: se trata de las condiciones básicas para la salud mental.
Sin una concepción política de los temas de salud, es muy poco lo que les profesionales de salud, podrán hacer de manera individual por quien esté atravesando un padecimiento más que poner algún “parche».
Cada año en su día, desde la Federación Mundial para la Salud Mental, se propone un tema específico para pensar la salud mental. El año 2024 nos invita: “Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo”[1].
Entonces: ¿no se trata sólo de diagnósticos complejos susceptibles de intervenciones farmacológicas? Por supuesto que no. “Las condiciones insalubres, como el estigma, la discriminación y la exposición a riesgos como el acoso y otras malas condiciones de trabajo, pueden plantear riesgos importantes que afecten la salud mental…”[2]
En esta línea, nos resulta urgente dejar planteadas dos cuestiones actuales y relacionadas, que además de no tener en cuenta las condiciones de dignidad básica para la salud mental, tienen la intención manifiesta de generar padecimiento en la población general, desarticulando las redes de contención social y resguardo de la salud y los derechos de las personas.
El viernes 4 de octubre pasado, los trabajadores del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, único hospital Nacional dedicado a temas de salud mental, recibieron la orden de cerrar las puertas a la comunidad, y fueron avisados sobre el cierre definitivo del mismo durante los próximos cinco días. Esto resultó trágico en múltiples dimensiones: usuaries que se quedan sin atención (solo 25000 fueron atendidos los últimos meses); trabajadores que se quedarían sin trabajo (alrededor de 600 en este momento); y mucho más grave es el inicio del desmantelamiento del sistema de salud tal como lo conocemos, un sistema con infinidad de problemas a resolver, que tiene como horizonte un tratamiento de la salud equitativo, igualitario y con perspectiva en el resguardo de los Derechos Humanos de todas las personas.
Este acontecimiento político fue utilizado desde la absoluta ignorancia en el mejor de los casos, desde la crueldad en el peor; para revivir la disputa a la Ley de Salud Mental, a partir de un punto específico:
“Otro punto central de la ley, es que queda prohibida la construcción de nuevos hospitales monovalentes y plantea reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por dispositivos de atención vinculados con la comunidad.”[3]
La pretensión es matar dos pájaros de un tiro, una Ley que es un ejemplo de abordaje de la Salud Mental internacionalmente; y un Hospital público, que el Gobierno actual, de modo escandaloso, lee como un gasto.
Dos aclaraciones al respecto:
- Una ley no es un tratamiento profesional en salud, su función no es curar. La ley es una herramienta que permite circunscribir un marco digno de tratamientos que respete los Derechos Humanos. Tratamientos profesionales que permitan a las personas con padecimientos graves recuperarse y tener una vida digna. El encierro y la anulación farmacológica no son intervenciones profesionales. Para eso también necesitamos una universidad pública autofinanciada, como espacio de formación libre de intereses mercantiles.
- No construir nuevos hospitales monovalentes no significa cerrar hospitales y dejar en el más absoluto desamparo a su comunidad. Evidentemente lo anterior no es de tan fácil comprensión como muchos creíamos. Además de eso, el “Bonaparte” es un ejemplo de la transformación propuesta por la Ley 26657.
Toda persona con padecimiento en salud mental, incluidos los consumos problemáticos, tiene derecho a recibir un tratamiento con la alternativa que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo de esta manera la integración familiar, laboral y comunitaria.
A pesar de que el neoliberalismo toma al dinero como única medida de todas las cosas y no incluye en su horizonte al bien común de las personas, nuestra apuesta es pensar en una vida digna en comunidad, donde el centro es lo humano. La apuesta al futuro interpela e incómoda, ya que implica pensar sobre nuestra existencia junto con la de los otros y sobre las injusticias del mundo que hemos construido y que debemos transformar.
Una respuesta integral de salud mental implica una articulación entre las distintas instancias del Estado y la comunidad para garantizar el derecho a la salud a través de la participación multisectorial, intergubernamental e interdisciplinaria.
Ya no podemos seguir pensando la “locura” por fuera de la libertad y la comunidad. Es el Estado quien debe articular las políticas necesarias para recuperar la dignidad de las personas.
Adelqui Del Do
Desiré Conte
Cecilia Calloway
Gonzalo Pereyra