BASTA DE VIOLENCIA EL GOBIERNO DE MILEI Y EL ESTADO SON RESPONSABLES
El 25 de noviembre de 1960, Patria, Maria Teresa y Minerva Mirabal, fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Estas hermanas, que el pueblo llamó Las Mariposas, luchaban por la democracia. Esta fecha se ha convertido en un día de reafirmación de la lucha contra todas las formas de la violencia machista, que se dirige contra las mujeres y las personas que asumen identidades feminizadas disidentes de la norma patriarcal, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex y no binaries.
Hoy en Argentina la violencia machista define el propio accionar del Estado, a través de quienes tienen las más altas responsabilidades institucionales. Denunciemos los discursos de odio y y misóginos que pronuncia y promueve el mismo gobierno nacional. Esos discursos no son sólo palabras, son formas de ejercicio de un poder autoritario que perpetúa desigualdades, legitima las violencias que sufrimos cotidianamente y que nos siguen costando la vida.
El Estado es responsable de garantizar nuestro derecho humano a una vida libre de violencias, con políticas. activas para prevenirlas, sancionarlas, y acompañar a las victimas. El gobierno de Milei ha desmantelado todos los programas que ayudaban a reducir la violencia machista en nuestra sociedad, abandonando a su suerte a las mujeres, las diversidades, y a las infancias, desarticulando la ESI, el Pian ENIA, el Programa Acompañar, la Línea 144, la Ley Micaela, la efectivización de la IVE, los Mil Días, etc. La eliminación de las moratorias previsionales es también un acto despiadado hacia quienes han trabajado toda su vida. Despreciar las luches trans- feministas y negar las violencias estructurales es un acto político que tiene consecuencias concretas sobre nuestras vidas, exponiéndonos a mayores violencias.
Milei quiere convertir el Estado maquinaria represiva. Con una frecuencia creciente, las fuerzas de seguridad vulneran los derechos de la población y hostigan a las organizaciones, especialmente en los barrios populares, intentando sembrar el miedo y la desconfianza, y quebrar la solidaridad entre quienes sufren las con- secuencias de una política que produce deliberadamente la pobreza. La violencia institucional, a la que el gobierno está dando carta blanca, es el correlato de una política económica que lleva a la miseria a millones de personas para permitir a unos pocos seguir acumulando riquezas. El hambre, la falta de empleo, la imposibilidad de pagar el alquiler, el gas, la electricidad, los remedios, la angustia de no poder resolver las necesidades más elementales para sostener la vida, son el destino de sufrimiento al que quieren condenar a la mayoría. Nos empujan a una sociedad violenta en la que impere la ley de la selva, donde el más fuerte devora al más pequeño, y se salva quien puede.
No vamos a someternos a ese destino. Al mandato de padecer las violencias en silencio y en soledad, respondemos con movilización, organización y solidaridad.