El gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), una medida que es resultado de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo otorgada por la Ley Bases, la que, como dijimos oportunamente, es la base para la destrucción del estado y una regresión no vista en materia de políticas públicas de ampliación y defensa de los derechos humanos.
La creación de este instituto surge luego de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA con el objetivo de combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo y proteger a los colectivos más vulnerados o socialmente postergados.
En un contexto que habilita la proliferación de los discursos de odio y mientras legisladores libertarios visitan a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, deciden cerrar el primer organismo del mundo en atender denuncias por discriminación.
El mismo gobierno que no se pronuncia ante el crimen de Susana Montoya en Córdoba madre de un militante de Hijos, sigue demostrando su total desprecio hacia los sectores que defienden la memoria, la justicia y luchan por la integración y justicia social, cuando el país azotado por un 55% de pobreza, más lo necesita.