Tras un mes sin respuestas del gobierno luego de la marcha universitaria, el Frente Sindical Universitario definió profundizar el Plan de Lucha con una Jornada de Protesta el miércoles 22 de mayo y un Paro Nacional Universitario el 23 de mayo al cumplirse exactamente un mes de la histórica movilización en Defensa de la Universidad Pública. La medida fue tomada por la totalidad de las federaciones docentes y no docentes del país, reunidas la tarde de este miércoles 15 de mayo en la sede de CONADU.
«Las medidas de fuerza son una respuesta a la actitud diletante del gobierno. Pasó un mes de una movilización histórica en defensa de la universidad y el gobierno juega al avestruz escondiendo la cabeza frente a la realidad. A eso se suma la provocación que representa el anuncio unilateral de un acuerdo con la UBA por los gastos de funcionamiento, dejando afuera a 170 mil docentes, 50 mil no docentes y a las universidades del resto del país. Nadie se salva solo. Hay que destacar que muchos de esos son docentes y no docentes de la propia UBA que siguen sin respuesta con una inflación que supera el 70% desde que asumió Milei» expresó Federico Montero, Secretario de Organización de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universidades.
«Los docentes de la UBA confiamos en que las autoridades de la UBA van a apoyar las medidas de fuerza que resolvieron las federaciones docentes y no docentes. No vamos a caer en la trampa que nos plantea el gobierno de enfrentar la situación de los docentes y no docentes de la UBA con las autoridades. Pero tampoco vamos a aceptar que se dé por superada la emergencia mientras la universidad se sostiene sobre el esfuerzo y el bolsillo de los trabajadores» señaló Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA, el gremio que representa a los docentes e investigadores de la UBA.
El Frente Sindical también resolvió apoyar las resoluciones de la asamblea convocada por organismos de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales en el sentido de movilizar contra la sanción de la llamada «ley bases» el día que se trate en el Senado de la Nación. «Vemos con preocupación que haya sectores de la política que evalúen apoyar parcialmente la ley bases a cambio de un supuesto financiamiento para la universidad pública. La idea de una universidad para unos pocos privilegiados en un país que se hunde en la pobreza es una aberración que no vamos a acompañar» señaló Montero.
Las razones de fondo del conflicto
En un reciente estudio de la CONADU, se demuestra que para todo el año 2024 las universidades tienen asignado un presupuesto igual al presupuesto ejecutado en 2023. Para tener el mismo poder adquisitivo que en 2023, el presupuesto debería ser hoy de $5.084.012 millones. Pero es de $1.415.919 millones. El ajuste que se ha producido, entonces, llega al 72%. Es la “licuación” que festeja Milei.
En el aspecto salarial, el mismo estudio subraya que el 90% del presupuesto universitario lo conforman los salarios de docentes y no docentes, que han perdido el 30% de su capacidad adquisitiva. El Secretario Torrendell miente cuando dice que los salarios “se siguen incrementando al calor de los aumentos mensuales”. Incrementar los salarios por debajo de la inflación no es aumentarlos: es reducirlos.
Está pasando en las universidades algo que no sucedía desde hace más de 20 años: hay docentes por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo: la categoría Ayudante con dedicación semiexclusiva (20 horas) queda por debajo de la media canasta básica. Los salarios de bolsillo de más de la mitad de los cargos docentes universitarios no superan hoy la canasta que define la línea de pobreza.