Compartimos la nota de El grito del Sur sobre la falta de priorización de lxs trabajadorxs universitarixs en la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
En las últimas semanas se ha acelerado el proceso de vacunación, producto de la llegada de una abultada cantidad de nuevas dosis, lo que le permitió a las distintas jurisdicciones poder avanzar más rápidamente con la inmunización de la población. En las últimas dos semanas, el Gobierno de la Ciudad habilitó la vacunación para personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y personas sin factores de riesgo de 50 a 59 años, avanzó en la vacunación a docentes y personal no docente de las escuelas porteñas y, al día de ayer, se contabilizaban un total de 1.444.336 vacunas aplicadas (310.270 con dos dosis y 1.134.066 con una dosis). Sin embargo, a pesar del acuerdo establecido entre los ministros de todas las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación, la administración porteña ha definido que tanto la docencia como los trabajadores y las trabajadoras no-docentes de las universidades nacionales con sede en la Ciudad no serán priorizados en el esquema de vacunación. De esta forma, se establece que deberán inscribirse de acuerdo a su edad o situación de salud personal, para vacunarse dentro de la etapa que contempla al amplio espectro de «población general» de la CABA.
«A diferencia de lo que sucede en todas las provincias de la Argentina, donde los universitarios nos podemos inscribir para vacunarnos cuando nos toque, en la Ciudad de Buenos Aires directamente eliminaron esa categoría y van a proceder a convocar a los universitarios junto con la población general. Esto obviamente no cumple con la resolución del Consejo Federal de Educación y complica mucho las posibilidades de un retorno a la presencialidad este año», dijo a El Grito del Sur Federico Montero, secretario general de FEDUBA y secretario de Organización de CONADU.
Salvo contados casos, como el de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se dictaron materias de verano en forma semipresencial, el conjunto de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, así como de las universidades nacionales con sede en la Ciudad, no han abierto sus puertas al público general desde al menos el 20 de marzo del 2020. Si bien hay actividades administrativas, prácticas educativas, proyectos de investigación, entre otras tareas, que fueron habilitadas de manera presencial, y el fin de semana se publicó una nueva resolución del rectorado de la Universidad de Buenos Aires que suma nuevas flexibilizaciones, como el establecimiento de la presencialidad en las escuelas preuniversitarias de la Ciudad, la falta de priorización de los y las docentes y no-docentes de las universidades no solo pone en peligro la vida de quienes actualmente cumplen con tareas de carácter presencial, sino que dilata también las posibilidades de pensar a corto plazo en un retorno a las actividades académicas presenciales.
«Hay muchos trabajadores docentes y no-docentes que van a la universidad, que están trabajando, que se están exponiendo y desgraciadamente no pueden recibir la vacuna. Nos parece lamentable que se haya priorizado inicialmente a la actividad privada por sobre la pública y que trabajadores y trabajadoras docentes y no-docentes que están arriesgando su vida laburando no lo puedan hacer cuando el reglamento lo permitía», cuestionó Jorge Anró, secretario general de APUBA (Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires) y miembro de la Comisión Directiva de FATUN (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales), haciendo referencia a la vacunación de personal docente y no-docente de universidades privadas con sede en la Ciudad.
Luego de que se habilitara la inscripción para la vacunación del Grupo 2, que contempla a docentes y no-docentes de los distintos niveles educativos -con un orden de prioridad establecido entre los niveles-, el Gobierno de la Ciudad había abierto inicialmente la inscripción para el personal de las universidades privadas, pero no así con el de las públicas. Frente a los reclamos de las representaciones gremiales al Ejecutivo porteño, se optó no por incluir a las universidades de gestión estatal sino directamente por eliminar dicha categoría y postergar la vacunación de profesores, profesoras y personal de las facultades porteñas a la siguiente etapa, integrándolos directamente al esquema de vacunación de la población general. «Quiero aclarar que nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio, sino que se cumpla con lo acordado en el Consejo Federal de Educación y que se vacune de acuerdo al orden establecido. Obviamente antes tienen que vacunarse los y las docentes del nivel inicial, primario y medio, pero no puede ser que desaparezca la categoría de los docentes y no-docentes de las universidades que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires», explicó Montero.
Y suma: «Inicialmente habían habilitado un Grupo 5, pero el modo en que lo habilitaban decía que podían vacunarse docentes y no-docentes de universidades privadas y aquellas dependientes del Gobierno de la Ciudad. Bueno, eso no existe, porque las universidades públicas en la Argentina no dependen de los gobiernos locales, ni del de la Ciudad ni de las provincias, sino del Gobierno nacional. Entonces, ellos en un principio habían establecido la posibilidad de que se vacunen pero en los hechos sólo se vacunaban los de las universidades privadas, excluyendo a los de la universidad pública. Nosotros generamos el reclamo y la reacción de ellos fue directamente sacar toda la categoría de los universitarios».
En las últimas semanas, los gremios docentes y no-docentes sacaron distintos posicionamientos públicos para denunciar la problemática y circularon un petitorio dirigido al ministro de Salud, Fernán Quirós, acompañado de cientos de firmas de la comunidad educativa universitaria de la Ciudad de Buenos Aires. «No sabemos si es ineficiencia, desidia, errónea interpretación o nulo acatamiento de la ley; pero Docentes y Nodocentes de las Universidades Nacionales que residimos en la Ciudad de Buenos Aires, exigimos se nos incorpore al Plan de Vacunación», concluye el escrito que lleva las firmas de Federico Montero, secretario general de FEDUBA; Jorge Anró, secretario general de APUBA; Daniel Ricci, secretario general de ADUBA; Silvana Esther Franco, secretaria general de ADAI; Pedro Barreiros, secretario general de ATUNA; Oscar Marchetti, secretario general de ADIUNA; Marcelo Cordero, secretario general de ADUT; Florencia Greco, secretaria general de ADIUNMA y Silvio Giangreco, secretario general de ADUNIPE.
Luis Tiscornia, secretario general de CONADU Histórica, también habló con El Grito del Sur sobre el tema y opinó: «Es en primer lugar repudiable y en segundo lugar inexplicable. Hay un orden de prioridad que se fijó a nivel nacional hace bastante tiempo que establecía que, en el caso de los docentes y no-docentes universitarios, el turno nos tocaba después de la docencia de nivel primario, secundario y terciario, lo cual fue saludado y visto con mucho entusiasmo porque no es lo mismo estar vacunado que no estarlo». «Las autoridades nacionales o de los distritos podrán discutir adecuaciones de eso, pero no una exclusión de esta naturaleza», agregó.
Los cuestionamientos crecieron luego de que se incluyera en el esquema de vacunación porteño al personal de la UniCABA, que se encuentra prácticamente sin funcionamiento, y se decidiera en paralelo dejar por fuera a los y las miles de docentes y no-docentes de las universidades públicas y privadas con sede en la Ciudad. «Hay gente nuestra que se está vacunando porque tiene más de 60 años o alguna enfermedad preexistente, pero como trabajadores docentes y no-docentes hasta el momento no tuvimos ningún tipo de respuesta, y por cómo viene la mano no creo que la haya. Ojalá me equivoque, pero creo que no vamos a tener respuesta y nos vamos a vacunar en el orden que nos corresponde en base a la edad o la situación personal de cada uno», se lamentó Anró.
A mediados de junio, con el primer semestre de actividad académica al borde de su finalización y con un escenario incierto, los trabajadores y las trabajadoras de las universidades ven aún improbable la posibilidad de un regreso a la presencialidad antes del 2022. «Es completamente contradictoria con la bandera hipócritamente enarbolada de defensa de presencialidad en la educación, porque el orden de prioridad de la docencia universitaria es exclusivamente en relación a eso», expresó Tiscornia en denuncia del accionar de la administración porteña.