La pandemia nos enfrentó al desafío de virtualizar la enseñanza y el aprendizaje durante el ciclo lectivo 2020. La comunidad educativa universitaria (docentes, nodocentes y estudiantes) redobló los esfuerzos y el compromiso frente a las demandas del nuevo y complejo escenario para resolver las dificultades, sostener la tarea docente y asegurar el derecho a la universidad y el derecho al trabajo. En esta dirección, desde FEDUBA hemos propiciado espacios de debate y capacitación vinculados a nuestros posgrados: el Programa de Actualización en Docencia Universitaria (PADOC) y el Posgrado en Innovación, Transferencia y Desarrollo (ITD).
Sin embargo, desde el rectorado de la UBA no hemos recibido el apoyo esperado para cumplir con nuestro trabajo que en este contexto demandó, entre otras cuestiones, nuevos gastos. Por ello, desde FEDUBA seguimos exigiéndole a las autoridades de nuestra universidad un bono por conectividad y equipamiento como lo han hecho otras Universidades Públicas.
Ante el próximo inicio de clases, mientras se desarrolla la primera etapa de una campaña de vacunación en la que depositamos grandes expectativas, comienza a plantearse la posibilidad de un retorno a la presencialidad que requiere un alto grado de responsabilidad, previsión, compromiso y acompañamiento institucional de todos los niveles y sectores involucrados.
En la Ciudad de Buenos Aires, visto el oportunismo y la irresponsabilidad con que algunos sectores manipulan el tema, desde FEDUBA junto a nuestra CONADU consideramos necesario puntualizar algunas cuestiones.
En primer lugar, durante 2020, HUBO CLASES porque se garantizó de diversas maneras la continuidad de los procesos formativos y del vínculo pedagógico fundamentalmente a través del uso de tecnologías de la comunicación. Aún con todas las limitaciones y dificultades que enfrentamos, y sin perder de vista los desafíos y los riesgos de continuidad educativa de lxs estudiantes, la UNIVERSIDAD PÚBLICA SIGUIÓ ENSEÑANDO.
En segundo lugar, lxs docentes valoramos la presencialidad como una dimensión fundamental irreemplazable de las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como en la construcción de los vínculos que sostienen y dan sentido a las múltiples tareas que llevamos a cabo.
El retorno a las clases presenciales, sin embargo, solo puede darse en tanto no haya riesgos para la salud de lxs trabajadorxs docentes y nodocentes, estudiantes, familias, y de la población en general.
Es por ello, tal como planteamos desde la CONADU, que entendemos que la decisión de iniciar el proceso de retorno a las aulas en la Universidad debe considerar 4 factores determinantes:
• La inmunización a partir de la vacunación masiva
• El monitoreo permanente de las autoridades sanitarias sobre la situación epidemiológica
• La elaboración de los protocolos de retorno a las aulas consensuados con los sindicatos docentes y nodocentes, y las organizaciones estudiantiles
• La disposición de infraestructura edilicia adecuada y la provisión de insumos para la sanitización y la higiene de la comunidad universitaria
Solo en la medida en que se garanticen integralmente estas condiciones, podrán establecerse los mecanismos adecuados para una eventual vuelta a las aulas, atendiendo a la diversidad de situaciones que se presentan en cada región, en las distintas instituciones y al interior de las mismas. No acordamos con la definición de programas uniformes para todas las unidades académicas desconociendo las particularidades, así como no es admisible pretender llevar adelante este proceso sin la participación plena de las organizaciones sindicales y estudiantiles.
Por ello, desde FEDUBA sostenemos la necesidad que las autoridades aseguren el funcionamiento de las Comisiones paritarias de monitoreo de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, articulando su actuación en todos los niveles del Sistema Universitario.
A su vez, nuestra organización sigue insistiendo en que se garantice la conectividad para que lxs docentes y estudiantes puedan continuar vinculándose a través de los recursos digitales, como sucedió durante el 2020. Por eso, reivindicamos la resolución del gobierno nacional de declarar la telefonía fija y móvil, internet y la televisión por cable como servicios públicos y esenciales, regulando las tarifas y estableciendo una prestación básica accesible para los sectores populares; y llamamos la atención sobre las maniobras de las empresas que pretenden eludir sus obligaciones, así como sobre la necesidad de retomar el camino de la desmonopolización del sector. Desde FEDUBA exigimos a las autoridades de la UBA el mismo compromiso y acompañamiento.
El derecho a la educación es un derecho humano innegociable y por ello sostenemos que, además del no arancelamiento, es imprescindible la inversión sostenida y creciente en la mejora de los salarios, las condiciones de trabajo y la formación docente, la infraestructura universitaria, y las políticas de ampliación de acceso, permanencia y egreso en los estudios. El fortalecimiento del sistema universitario público es una de las claves para que podamos proyectar un camino de salida de esta crisis que conduzca a una sociedad más justa.
Desde FEDUBA y CONADU continuamos trabajando en defensa de la educación pública y la salud del pueblo argentino.