Compartimos las palabras de Alejandro Dagfal (Profesor de Historia de la Psicología) sobre la irregularidad de los concursos académicos de la Facultad de Psicología de la UBA.
Es de público conocimiento en la UBA que la situación concursal de la Facultad de Psicología es totalmente irregular hace muchos años. Titulares que se jubilan y nunca se reemplazan. Numerosas cátedras a cargo de adjuntos e, incluso, de JTP. Cátedras “descabezadas” en las que sólo se concursan los cargos de los docentes auxiliares. Nombramiento de jurados de la gestión cuando se concursan “cátedras amigas”, con aspirantes de la gestión.
El resultado de todo esto es lamentable, tanto a nivel académico como institucional. A nivel académico, se constata, cada vez más, que para avanzar en la carrera docente lo importante no es formarse y sumar antecedentes, sino acercarse al grupo que gobierna ininterrumpidamente la Facultad desde hace más de tres décadas. A nivel institucional, los adjuntos a cargo quedan a merced de los favores del decano y sus allegados. Si no son suficientemente obsecuentes, nunca se les concederá el “privilegio” de concursar para ser titulares. Como hacen falta 8 profesores titulares para formar una lista opositora, en los últimos lustros, sólo se concursan cargos destinados a profesores que ya dieron sobradas muestras de que van a transformarse en “titulares amigos”. Al mismo tiempo, como los titulares “no amigos” son una especie casi extinguida, es prácticamente imposible que se armen listas opositoras.
Esta degradación de la vida institucional se viene produciendo desde hace décadas, con mecanismos sutiles, casi cordiales que, en general, no implican coerción sino seducción, al menos en el claustro de profesores, que ya ni se reúne oficialmente, salvo para despedir el año. La coerción se reserva, en general, para docentes auxiliares y alumnos (baste recordar el caso de Gabriel Gendelman, cesanteado en febrero de este año). Por decirlo amablemente, se trata de una democracia sin alternancia y casi sin oposición (sólo hay minorías estudiantiles y de graduados). Si se tratara de un país latinoamericano, más de un republicano enardecido diría sin dudarlo que se trata de una dictadura.
En este contexto, en 2017, después de haber sido profesor de la cátedra I de Historia de la Psicología durante 11 años me presenté al concurso de reválida de mi designación, que se renovaba junto con otras 6, tanto de la cátedra a mi cargo como de la cátedra II, a cargo de la Sra. vicedecana. Después de estar 5 años a cargo de la cátedra I, lo correcto habría sido que se concursara el cargo de titular, que Hugo Vezzetti había dejado vacante en 2011. Pero acá estamos hablando de la banalidad del mal, no de lo correcto. Por eso, el cargo de titular nunca se concursó. Y en el concurso de adjuntos, pese a que había aspirantes miembros de la gestión, una vez más, hubo jurados miembros de la gestión. El resultado, sin embargo, ni siquiera guardó las formas mínimas que se suelen cuidar en estos casos. Es que el jurado decidió no comparar a los 12 aspirantes sino “respetar sus diferencias” haciendo una “evaluación integral”.
En definitiva, el jurado afirmó que “todos los concursantes poseían antecedentes de auténtica jerarquía para el cargo” y consideró que todas las clases y entrevistas fueron adecuadas y/o satisfactorias. Y, SIN HACER NINGÚN TIPO DE EVALUACIÓN COMPARATIVA, procedió a establecer un orden de méritos, en el que me tocó quedar en primer lugar, como podría haber quedado en el último. Es que el jurado se desentendió de una exigencia básica del reglamento de concursos, que exige justificar el orden de méritos. Y esa justificación es imposible si no hay comparación cuantitativa o cualitativa de las clases, las entrevistas y los antecedentes.
Considerando ese dictamen escandaloso, en 2017, impugné ese concurso junto a dos brillantes colegas que habían sido arbitrariamente relegados: Luis Sanfelippo (último ganador del Premio Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación) y Mauro Vallejo (investigador adjunto del CONICET, autor de varios libros e incontables artículos). Para sumar argumentos al escándalo, el asesor legal de la Facultad dictaminó que yo “carecía de legitimación” para impugnar, ya que había resultado “ganador de la lista de mérito”. Inquietante “mensaje legal”: el que gana debe cerrar el pico y no denunciar nada de nada… En todo caso, en esas condiciones, creí indispensable dar un paso al costado y renunciar a estar a cargo de la cátedra, para denunciar con total libertad.
Pese a todo, la impugnación siguió su curso y llegó recién ahora al Consejo Superior de la UBA. En el día de hoy, la Comisión de Concursos aprobó un proyecto de resolución sobre el tema, que compite en su carácter vergonzoso con la de la Facultad. Por un lado, ignora todos los puntos centrales de las impugnaciones y se detiene en los accesorios, que desestima. Por otra parte, siguiendo el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, afirma que “el recurrente omite expresar cuáles son las suspicacias que se han generado con la actuación del jurado y del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, por tanto, al no describir hecho alguno, difícilmente podrá tacharse la actuación de tales órganos como antirreglamentaria o arbitraria”. En suma, para los abogados de la Facultad y la Universidad, como supuestamente no dije nada, no pasó nada… Y, de todos modos, si acaso hubiera dicho algo, no tenía derecho de decirlo porque había ganado…
Más allá de estos mecanismos kafkianos de renegación o desmentida, uno no es iluso, y sabe que difícilmente pueda prosperar fácilmente una impugnación en la que se cuestiona la actuación de las autoridades de una Facultad que es parte de la alianza que gobierna la Universidad. Así y todo, en estos nuevos tiempos, uno prefiere pensar que algo puede cambiar en la UBA. Sería todo un detalle que, en el Consejo Superior, no se aprobara a libro cerrado una resolución que, básicamente, legitima el hecho de que un jurado pueda dictaminar sobre un concurso sin siquiera tomarse el trabajo de comparar a los aspirantes. Si esa resolución se aprobara, implicaría sentar un precedente muy sombrío, que, por vía administrativa, consagraría la arbitrariedad más absoluta de cara a concursos futuros. Todo eso se produce, aparentemente, sin responsables directos y dentro del marco de la ley. Como sintetizara Hannah Arendt de manera genial, pensando en asuntos muchos más graves: se trata de la banalidad del mal.