Ayer, jueves 3 de septiembre más de 100 personas nos reunimos a reflexionar sobre las TICs y derechos en pandemia. La charla se desarrolló en el marco del recientemente anunciado decreto 690 que restablece a internet, la televisión paga y la telefonía móvil como servicios públicos. Participaron de la reunión Diego Rossi (Docente de CCOM – UBA e integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática), Ana Arias (Trabajadora Social, UNLP, UBA) y Damián Loreti (Abogado, Docente, Redactor Ley SCA).
Nuestro Secretario de Prensa, Christian Dodaro coordinó la charla junto a Larisa Kejval, Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.
Rossi señaló la trascendencia del DNU 690 “para desatarle las manos al Estado, que ató el gobierno anterior y que de este modo se recupere la regulación de los servicios TICs. Se vuelve a restablecer una mirada que permite intervenir en áreas de interés público y fijar tarifas”. Además, afirmó que se está pensando en un plan nacional de conectividad para garantizar el derecho a la conectividad de todxs lxs argentinxs. “Hay una urgencia de cortar con este círculo vicioso de empresas con posición dominante en el mercado, que han naturalizado que pueden fijar las políticas públicas del sector”, concluyó.
Nuestro compañero Dodaro, coincidió con estas afirmaciones e insistió en “identificar a los actores necesarios para lograr que esos derechos se transformen en realidades efectivas, tanto en la disputa parlamentaria como en la ejecución de las políticas”.
Ana Arias se refirió a como la pandemia permitió visualizar la relevancia de los sistemas públicos en la vida cotidiana de lxs sujetxs mientras que la gramática neoliberal relaciona a las cuestiones públicas con entidades gratuitas. “Necesitamos posicionar a lo público como un hecho central para construir lo que tenemos en común en nuestra sociedad. En esta línea se desarrolla el DNU 690, que reglamenta el derecho a la información y a la libertad de expresión”, agregó. Por último hizo mención a la importancia de generar mejores formas de acceso a las nuevas tecnologías para los distintos grupos poblacionales.
Damián Loreti empezó su exposición aclarando que la definición de servicio público no implica una estatización y nombró a la reciente declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determinó que los Estados deben acelerar políticas de acceso a internet durante la pandemia e incluir medidas destinadas incorporar a los grupos en situación de vulnerabilidad. Por ello, el Estado tiene la obligación de proporcionar las herramientas técnicas necesarias para el ejercicio del derecho a la conectividad. “El decreto 690 trabaja en dos aspectos: la incorporación de las TICs y las telecomunicaciones como servicios públicos, una norma que ya se había establecido en la Ley Argentina Digital, pero también sobre el congelamiento de precios”, resumió.
“El decreto es un punto de partida para poner la sociedad de la información a disposición de los pueblos y no de las empresas” reafirmó.
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