Compartimos el comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática.
La Coalición por una Comunicación Democrática celebra la decisión del Presidente Alberto Fernández de declarar Servicio Público la telefonía celular, internet y la televisión paga como un requisito necesario para asegurar el ejercicio de los derechos de acceso a la comunicación, la educación, la cultura y la información, previstos en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales.
La idea central de la Coalición, desde su inicio, fue considerar la Comunicación como un Derecho humano básico y por eso celebramos el dictamen del DNU 690/2020 que afirma que “el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables».
En nuestro pronunciamiento de Nuevos 21 Puntos, de marzo de 2016, expresamos la necesidad de que el derecho a la comunicación abarque “todas las formas de comunicación de las personas, incluyendo todos los medios y soportes, cualquiera sea la tecnología utilizada para la difusión y recepción de contenidos», subrayando la «obligación del Estado de asegurar que en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC esté prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, religión, sexualidades, identidad de género o cualquier otra que atente, anule o menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas».
De la misma manera, solicitamos al Estado la adopción de «todas las medidas pertinentes para asegurar, con independencia de la localización geográfica, el acceso universal en condiciones de calidad y a precios justos y razonables.» En tal sentido, reclamamos la necesidad de restablecer el «abono social a los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes», que el macrismo derogó por decreto.
Asimismo, coincidimos con los fundamentos de la medida en cuanto a que «es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso» a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria».
Recordamos que diversas organizaciones y la misma CCD veníamos proponiendo que “el acceso y permanencia en el sistema infocomunicacional es un derecho y no un privilegio”, por ese motivo consideramos que los servicios que comprenden internet, telefonía celular y TV por suscripción “deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse como Servicios Públicos Esenciales y Estratégicos para el país”, siendo considerados como servicios públicos esenciales en competencia.
Reafirmamos que debemos pensar en una Argentina Integrada desde la comunicación, que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos y las ciudadanas en el sistema digital e infocomunicacional, donde nuestras mujeres, jóvenes, niñas y niños, mayores, sectores de la economía popular y PyMEs tengan un lugar de equidad a la hora de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la comunicación”.
Finalmente, mantenemos el desafío de actualizar la regulación audiovisual, desarmada por DNU de Macri, y el tratamiento de la TV de pago como servicio de comunicación audiovisual, tutelando la libertad de expresión y los derechos de acceso y participación de ciudadanos y ciudadanas en todo el país.