Sobre las leyes educativas, la regulación democrática de los servicios de comunicación audiovisual y la independencia del Ministerio Público Fiscal.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios manifiesta su preocupación ante una serie de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que ponen en entredicho la institucionalidad democrática de la República.
En los pocos días transcurridos desde la asunción presidencial, hemos asistido a una sucesión de decisiones que violentan o pretenden limitar la vigencia de las leyes que definen el marco de la vida democrática en nuestro país.
En primer lugar, entre la veintena de DNU con que el Presidente Mauricio Macri inauguró su mandato, la resolución que reordena el esquema de Ministerios remite las competencias del Ministerio de Educación y Deportes a un marco normativo perimido: la Ley Federal de Educación y el Pacto Educativo Federal, desconociendo la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, y el conjunto de normas que en estos años han establecido un marco preciso y altamente consensuado para una política de Estado que otorgó a la educación el valor de un derecho. La sustitución de este orden por la legislación que dio base a la reforma neoliberal de la década del ’90 es una muy mala señal, incluso si se tratara de un error, como intentaron explicar las actuales autoridades.
En segundo lugar, los DNU del Presidente Macri subsumen la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Agencia Federal de tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC) bajo la órbita del nuevo Ministerio de Comunicación, violentando su status legal de entes descentralizados y autárquicos. Resulta notoria la ofensiva desplegada para condicionar el funcionamiento de dichos organismos y suspender los efectos de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este sentido, resultan altamente provocativas las declaraciones del Ministro del Área, Oscar Aguad, quien sostuvo que durante su gestión “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir” y que “los medios van a tener que competir como se compite en el mercado”, despreciando explícitamente la legalidad establecida y haciendo gala de un espíritu diametralmente opuesto al sentido que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual otorga a la comunicación en tanto derecho que debe ser protegido por el Estado.
Las presiones para desplazar de sus funciones a quienes venían desempeñándose al frente de aquellos organismos que requieren el acuerdo del Poder Legislativo y no tienen dependencia funcional con el Poder Ejecutivo, y cuyos mandatos han sido deliberadamente dispuestos por ley para evitar la coincidencia temporal con el período presidencial, han logrado ya su cometido en el caso de la Presidencia del Banco Central, la AFI, y continúan efectuándose con una intensidad notable contra el actual Presidente del AFSCA, Martín Sabatella, y la Procuradora General de la Nación.
En este último caso, muy especialmente, el intento de desplazar de su cargo por vías irregulares a la Procuradora General de la Nación, la Dra. Alejandra Gils Carbó, tiene la gravedad de un golpe institucional y un ataque al orden democrático, toda vez que la autonomía del Ministerio Público Fiscal, así como la del Ministerio Público de la Defensa, está asegurada constitucionalmente con vistas a preservar la necesaria independencia que debe regir a una instancia del Estado dispuesta para asegurar los procedimientos de defensa de los derechos de la ciudadanía. La Dra. Gils Carbó, que sólo podría ser removida de su cargo a través de un juicio político, ha dado sobradas pruebas de su idoneidad y compromiso con la atención de los sectores más vulnerables, con la democratización del acceso a la justicia, y con el avance en materias que son altamente significativas en la construcción de nuestra democracia.
El gobierno entrante, que decidió resolver la controversia sobre el protocolo de asunción presidencial y la transferencia de los atributos del mando mediante un expediente judicial, prologando el inicio del nuevo período presidencial con un innecesario interinato, comienza su gestión exhibiendo un preocupante desprecio por la legalidad democrática que sustenta el funcionamiento de las instituciones de la República. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales a respetar las reglas del juego democrático en virtud de las cuales han sido elegidas para administrar con responsabilidad la cosa pública, y nos hacemos eco de las numerosas expresiones del campo popular que reclaman la reparación de estas lesiones y el cese de las operaciones que vulneran el derecho vigente en nuestro país. Advertimos a los responsables que colocarse por sobre esa institucionalidad implica un abuso de autoridad que deslegitima su accionar, y constituye un gravísimo atentado contra el orden democrático por el que este pueblo ha luchado, y que representa uno de los más altos valores que enaltecen a la ciudadanía argentina.