Compartimos la entrevista de “CONADU en el medio” al Dr. León Carlos Arslanián, abogado egresado de la UBA especializado en Ciencias Penales, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires e integrante del tribunal que juzgó a la Junta Militar en 1985.
– Cristina Pauli (CP): Dr. Arslanián queríamos que nos ayude a pensar un poco en la situación de la Justicia. Estamos hablando en algunos sectores de tener una justicia más democrática, una justicia diferente, de modificar cosas. Me gustaría saber su opinión…
– León Arslanián (LA): Veamos; en primer lugar estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de llevar adelante reformas en el ámbito de la administración de justicia. Estas reformas tienen diversos vectores: por un lado, se trata de reformar el sistema mismo de administración de justicia, esto es los mecanismos de acceso a la justicia, el modo en que se administra justicia, las características en la resolución de los casos.
El otro tema es la necesidad de hacer una profunda reforma de los procedimientos tendientes a oralizar toda la actuación judicial. No tan sólo en el proceso penal sino también en el ámbito del derecho privado, de las acciones de naturaleza civil o comercial, modernizar y demás. Y en tercer lugar terminar con la morosidad judicial, que es una de las cuestiones más graves que tiene nuestra justicia.
– CP: Y hay otros puntos que están en discusión, como por ejemplo si los jueces tienen que pagar ganancias…
– LA: Eso no lo juzgo yo esencial. Por cierto que es un privilegio no pagar ganancias, pero no menos cierto es que ese privilegio está consentido por la propia Constitución Nacional que declara la intangibilidad de los sueldos de los jueces. Y de esa intangibilidad del sueldo judicial es un corolario la circunstancia de que no sufra ninguna detracción en razón de la aplicación de un cierto impuesto. Pero eso sería lo de menos, porque en todo caso se podrían aumentar lo sueldos y compensar el descuento, que en este caso la alícuota sería del orden del 35%, y tal vez esto podría zanjar la cuestión. Me parece que es un tema más de naturaleza crematística que verdaderamente vinculada a criterios de igualdad y demás.
– CP: El otro tema que está en polémica es el voto al Consejo de la Magistratura.
– LA: Yo creo que el sistema actual, que dicho sea de paso fue ideado por Cristina, respeta bien en términos generales la Constitución Nacional. Es decir, que los estamentos profesionales elijan a sus propios representantes lo dice la Constitución Nacional en la parte referida a la conformación de este cuerpo y la propia ley, ¿no? De modo que yo no veo esto como un problema…
– CP: ¿Pero no le parece que sería bueno que la gente también pueda elegir a los representantes del Consejo de la Magistratura?
– LA: Yo no creo que la gente conozca a los representantes del Consejo de la Magistratura porque tendrían que ser figuras públicas. Y en realidad, si son figuras públicas no representarían seguramente a la agrupación de los abogados o a la de los jueces. Ése es el inconveniente que veo.
– CP: Usted es un especialista en temas penales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado a nuestro país el hecho de que los menores de 18 años reciban condenas a prisión perpetua y seguro ese es un tema en el que usted tiene una opinión formada.
– LA: Absolutamente que sí; comparto totalmente esa decisión de la Corte Interamericana. Si hay algo en que nosotros estamos en mora es en la sanción de la ley penal juvenil, que debería ya hace tiempo haberse dictado y que resolvería ésta como tantas otras cuestiones. Por ejemplo, la edad de inimputabilidad. Que hoy en día haya menores en cárceles que cumplan penas de reclusión perpetua es una barbaridad.
De modo que creo que este fallo de alguna manera pone las cosas en su lugar y estoy seguro de que terminaremos adecuando nuestra legislación a esas exigencias, como viene Argentina escrupulosamente cumpliendo con todo. No solamente con los fallos de la Corte Interamericana sino también con los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fundamentalmente tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina.
– CP: Doctor, usted fue uno de los ministros de seguridad de la provincia de Buenos Aires que trató de enfrentarse a la bonaerense. ¿Cómo ve el tema policial?
– LA: Lo veo con una gran preocupación porque el enorme esfuerzo que hicimos en la provincia de Buenos Aires en su momento, con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo expreso de Néstor Kirchner, fue rápidamente desbaratado tan pronto hubo un cambio de gobierno y asumió Scioli. Hubo un retroceso muy severo porque, por un lado, el nuevo paradigma que instalamos nosotros de gobierno democrático de la seguridad que tendía a terminar con los fenómenos de autonomización policial, autogobierno, etc realmente quedó desvirtuado.
Pero quedaron desvirtuados también los procesos de descentralización que llevamos adelante, quedó desvirtuada la nueva policía “Buenos Aires 2” que creamos para el conurbano y para que trabajase de un modo articulado con la Policía Federal y demas fuerzas nacionales. Quedó desvirtuado también en orden al control estricto que hicimos nosotros sobre la violencia y la corrupción institucional, en cuanto a que la oficina de asuntos internos estuviese manejada por personal civil y no por policías que controlaran a policías. De modo que hubo una franca regresión y esto es muy negativo y se ve en los hechos como está el tema, ¿no?
– CP: Una de las cosas que tenía la “Policía 2” era la formación diferente. Usted había hecho un trabajo interesante en la formación y en algunos municipios también se está haciendo que los policías vayan a la universidad. ¿Esto puede ser una alternativa?
– LA: Eso debe ser una alternativa. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue abrir las universidades a los policías. Para ello, en la primera gestión lo primero que hicimos fueron convenios con universidades del conurbano bonaerense con la finalidad de que pudieran impartir parte de la currícula policial y hacer que ciertas asignaturas pudieran ser cursadas en las universidades; eso por un lado. Pero al crear la nueva “Policía Buenos Aires 2” directamente hicimos que la formación estuviera a cargo de las universidades, me refiero a la formación académica curricular, mientras que la parte técnica policial obviamente estaba en manos policiales. Y esto nos dio grandes resultados porque, entre otras cosas, permitió reestablecer un vínculo entre la sociedad civil y su policía que estaba absolutamente quebrado.
– CP: Y sin duda debe haber sido difícil vencer también un prejuicio por parte de la universidad, de trabajar en conjunto para formar a la policía…
– LA: Pero encontramos una óptima disposición tanto en decanos como en docentes. Y también avidez en la propia policía que advirtieron que el estado de aislamiento en el que ellos se encontraban, de desprestigio y hasta de repudio social fue rápidamente saldado. Ese vínculo sumado a profesores que vinieron de otras policías de Europa, en particular de Barcelona, con una formación democrática muy diferente fueron creando condiciones de cambios significativos. Todos ellos apuntalando, insisto, al establecimiento de un nuevo paradigma.
Y ese nuevo paradigma implicaba entre otras cosas que la policía fuese gobernada realmente por los actores políticos. Y no que fuera gobernada por sí misma e imponiendo ella misma las condiciones frente a cada uno de los gobiernos. Entonces la designación de jefes de policía y de personal civil, político digamos, al frente de la policía fue un progreso extraordinario. Lo mismo que la descentralización, que tendió a ir llevando el poder al territorio y terminar con una cúpula macrocefálica que gobernaba desde La Plata.
– CP: Bueno Doctor, sabemos que no tenía mucho tiempo pero no puedo cerrar la nota sin pedirle un recuerdo. Usted fue miembro del tribunal que juzgó a la Junta Militar en el año 85. Sin duda, era muy joven para ese lugar y queríamos un recuerdo de ese hecho que marcó su carrera.
– LA: Siempre es un recuerdo emocionado porque obviamente que fue la cosa más importante que hice en mi vida, y realmente lo aleccionador de todo eso es que puso las bases como para que este objetivo tan importante de esclarecimiento, verdad, justicia y castigo pudiese ser una realidad, y fuese también una fuerte política de Estado para el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina.
De modo que contribuyeron de una manera importante con la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida; y generando también las condiciones políticas para que una justicia que se demostraba altamente reticente recuperara o tomara actividad en la materia. De modo que me siento altamente halagado por esas circunstancias, por haber formado parte de ese Tribunal.
Entrevista desgrabada por Gabriel Di Battista.
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