FEDUBA rechaza la suspensión del derecho a la práctica del aborto no punible, avalado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia a mediados de marzo de este año, y repudia la actuación del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien, al difundir datos de una víctima de red trata de personas y violación, posibilitó la presentación de un amparo y la decisión judicial de frenar la intervención quirúrgica.
A partir de la difusión de la operación que se realizaría esta semana a una mujer embarazada, producto de una violación y víctima de una red de trata de personas, en el hospital Ramos Mejía; la Asociación Pro Familia presentó un recurso de amparo que fue considerado por la jueza civil Myriam Rustán de Estrada quien frenó la intervención.
FEDUBA repudia la difusión pública de datos que pertenecen por ley a la esfera privada y, el accionar de la jueza civil que incumple un derecho avalado y garantizado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que, a partir de la interpretación del artículo 86 del Código Penal, expresó que que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial.
A su vez, y al igual que comunicó oportunamente la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), FEDUBA responsabiliza “a Mauricio Macri, por la vulneración del derecho de esta mujer a la práctica de aborto no punible, por la re-victimización que está sufriendo, por la violación del derecho a la intimidad y por todas las consecuencias que esta desagradable situación pueda ocasionarle”, al tiempo que reclama la inmediata apelación del fallo y restitución del derecho a la víctima de realización del aborto no punible.