El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) emitió recientemente un dictamen que sostiene que la negativa de un docente a dictarle clases a un detenido y procesado por delitos de lesa humanidad, en el marco del programa UBA XXII, no constituye un acto discriminatorio. En el mismo escrito, consagra que el derecho a la objeción de conciencia del docente no niega el derecho a aprender del procesado que debe ser garantizado por la Universidad de Buenos Aires.
El caso se inscribe en una serie de hechos intimidatorios por parte de ex represores detenidos en Marcos Paz hacia un grupo de docentes del programa UBA XXII que se negaron a dictarles clase. Pablo Martínez Sameck, titular de Sociología en el programa UBA XXII y miembro de la Comisión directiva de FEDUBA, acompañó a los docentes de su cátedra en su denuncia ante FEDUBA a mediados de 2011 pidiendo que la situación se mantuviera en reserva por decisión de los docentes afectados. De inmediato, FEDUBA se comunicó con las autoridades de la UBA para notificarlas de tan grave situación. La Universidad tomó cartas en el asunto pero aún resta una resolución institucional sobre el fondo de la cuestión.
Luego el tema tomó estado público a partir de una nota en Página/12 y el pronunciamiento del decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, y del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ante la intención de otros represores de inscribirse en el programa.
Desde FEDUBA repudiamos el amedrentamiento y cualquier acción violenta. Defendemos el derecho de los docentes de UBA XXII a negarse a dar clase a condenados por crímenes de lesa humanidad (objeción de conciencia) e instamos a que se produzca un debate en la UBA para fijar una postura institucional sobre la admisión de los condenados por delitos de lesa humanidad.
El caso de la cátedra Martínez Sameck en Marcos Paz
Pablo Edgardo Martínez Sameck es coordinador de Sociología, en el marco de la propuesta del CBC a través de UBA XXII, y administra qué cátedras se acercan al programa y en qué sedes. La materia Sociología se dicta en el penal de Ezeiza y en el de Marcos Paz.
Los problemas empezaron hace dos años, y en el 2011 los incidentes graves. Martínez Sameck trasladó ante FEDUBA las denuncias de los docentes de su cátedra que fueron amedrentados cuando se negaron a dar clase al ex policía federal Oscar Augusto Isidoro Rolón, condenado a prisión perpetua en el marco de la causa por el circuito represivo integrado por los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.
En su denuncia, uno de los docentes sostuvo que, en el momento en que labraba el acta de objeción de conciencia junto a una de las encargadas del módulo de educación de UBA XXII, Rolón se ubicó en la puerta de la oficina, vigilándolos. Acto seguido, un grupo de alumnos pertenecientes al centro de estudiantes se solidarizó y le ofreció redactar un repudio colectivo. En ese momento, “la puerta se cerró y quedamos un tiempo allí adentro junto con los alumnos quienes redactaban el escrito, cuando quisimos abrir la puerta nos dimos cuenta de que el picaporte no estaba y uno de los alumnos advirtió que un agente del servicio penitenciario se lo había llevado y había cerrado la puerta del lado de afuera. Así estuvimos un rato, encerrados intentando salir.” Los docentes presumen que agentes del servicio penitenciario son cómplices del amedrentamiento puesto que un agente les dijo: “Si no vas a dar la clase te tenés que retirar” y después de que el docente le expresara que quería terminar de revisar el escrito con los alumnos, “su reacción fue cerrar la puerta y dejarnos encerrados. Después que empezamos a buscar la forma de salir, volvió a abrir y me volvió a pedir que me retirara y ahí me retiré”.
No se trata de un caso aislado, ya que otro de los docentes de la misma cátedra que se negó a dar clase a represores fue denunciado por discriminación ante el INADI por el represor Carlos Domingo Jurio, con el patrocinio de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. El propio Rolón presentó un hábeas corpus cuando no aparecía en los listados de alumnos del programa, ante el conflicto que generó por la negativa de los docentes a dar clases en su presencia.
Cabe destacar que la presencia de los ex represores en el curso fue repudiada por los demás detenidos que cursan el programa UBA XXII ante la abierta actitud intimidatoria, provocativa y violenta de los ex represores, que evidentemente buscan generar conflicto con su presencia en el programa UBA XXII.
“Particularmente soy un convencido del Programa UBA XXII. Entiendo que las estructuras formales del actual orden jurídico argentino no brindan, de manera natural, la posibilidad de reversión de las conductas desviadas. Las modernas sociedades poseen opacidad, fragmentación y respuestas segmentadas para las víctimas de haber cometido abusos con la ley”, expresó Martínez Sameck y agregó: “La UBA, en lo que se ha denominado transición democrática, elaboró una propuesta progresiva que generó expectativas y posibilidades de superación. Frente a una realidad como la de la provincia de Buenos Aires, en donde entre el 60 y 70% de las personas privadas de la libertad no poseen sentencia, mientras que otras con diferente condición social y económica están libres a la búsqueda de refrendar una sentencia, son sumadas a condiciones de hacinamiento, interacción dentro de los pabellones, subculturas y complejas situaciones de vinculación social. Todo este panorama plantea un escenario lo suficientemente complejo como para que la educación superior pero, más específicamente, la universitaria sea un instrumento de superación y liberación”.
Ex represores en el Programa UBA XXII
El tema cobró estado público a partir de la nota en Página 12 el pasado 6 de abril por el intento de Adolfo Donda, Carlos Guillermo Suárez Mason y Juan Carlos Rolón, marinos y ex represores de la ESMA de inscribirse en el Programa UBA XXII, que desató la polémica debido a que tanto los docentes como los alumnos se negaron a compartir la experiencia educativa alegando Violencia Moral. Pero, mediante un recurso judicial, Rolón obtuvo su inscripción al programa.
Ante esta situación, en un comunicado, Hugo Trinchero, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA expresó que el “(…) Programa iniciado en los primeros momentos de regularización democrática de nuestra Universidad, se propone aportar conocimientos y brindar una oportunidad de acceso a distintas carreras de la universidad a personas en situación de encierro que están cumpliendo alguna condena. Para ello, una importante cantidad de docentes se trasladan permanentemente a las cárceles en función de ese objetivo. Sin embargo, recientemente se ha dado el caso en que personas que han cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar pretenden realizar dichos estudios, lo cual constituye una situación además de indignante, conflictiva con los objetivos de dicho programa.”
La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA emitió una resolución ante “La preocupación expresada por la Dirección y Coordinación de la Carrera de Sociología de la Facultad en el marco del Programa UBA XXII, sus docentes, y la comunicación emitida por la hermana Facultad de Filosofía y Letras, ante la iniciativa de reclusos procesados y condenados por delitos de lesa humanidad de inscribirse en el Programa UBA XXII”.
Entre los puntos más destacables de las consideraciones de la resolución se plantea que: “La creación y desarrollo laborioso del Programa -encabezado por docentes que en muchos casos sufrieron persecución y exilio por parte de la Dictadura Militar- permitió llevar la Universidad a las cárceles logrando que cientos de penados obtuvieran su título universitario y contribuyendo significativamente a una menor reincidencia.”
Y que “el inédito proceso de los juicios llevados adelante con la política de Memoria, Verdad y Justicia ha permitido procesar y condenar a un importante número de personas vinculadas a los más aberrantes delitos cometidos durante la Dictadura Militar de 1976-1983, quienes amparados en una política de Estado de represión y exterminio fueron aún más allá sumando su responsabilidad personal en el secuestro, la tortura, la desaparición y asesinato de sus víctimas, utilizando medios del Estado”, evadiendo “(…) durante años el juzgamiento de sus actos, sin mostrar ni antes ni después de su condena una actitud de arrepentimiento o comprensión con la sanción impuesta por la sociedad y los tribunales que los juzgaron.”
En la extensa resolución también se recuerda que una de las carreras intervenidas durante la última dictadura militar argentina fue la de Sociología, a la cual intentan ingresar quienes promovieron y ejecutaron su intervención.
Asimismo, se subraya que la UBA fue una de las instituciones más castigadas por la represión con docentes, no docentes y alumnos que sufrieron en carne propia secuestros, torturas y asesinatos. Pero quizás el punto más sobresaliente es aquel que alerta sobre las consecuencias de la aceptación de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes al ingresar como estudiantes “(…) adquirirían todos los derechos de la ciudadanía universitaria, incluido el de ser autoridades de la Universidad.”
La posición de FEDUBA
“Los docentes que dan clases en el Programa UBA XXII lo hacen desde un profundo compromiso con los derechos humanos y la Universidad Pública, con un gran esfuerzo personal y muchas veces en forma ad-honorem. La denuncia de Rolón por discriminación y las demás acciones por parte de otros ex represores constituyen claramente provocaciones, chicanas judiciales que buscan profundizar la presión y el amedrentamiento sobre los docentes”, sostuvo Federico Montero, Secretario Gremial de FEDUBA. Esta ha sido también la posición de los demás presos que participan del programa UBA XXII en Marcos Paz.
Por todo lo expuesto, FEDUBA acompaña el dictamen del INADI y la resolución de la Facultad de Ciencias Sociales; repudia los hechos de violencia a los cuales fueron sometidos los docentes del Programa UBA XXII; se solidariza con los docentes afectados; y llama a un profundo debate en el seno de la UBA para que la institución fije una decisión política sobre la admisión de ex represores a la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, FEDUBA defenderá el derecho de objeción de conciencia de los docentes del Programa UBA XXII de negarse a dar clase a detenidos condenados por delitos de lesa humanidad.