Las universidades nacionales han sido objeto de especial atención en el desarrollo de un proyecto político que ha reivindicado el derecho a la educación como un aspecto constitutivo del horizonte de la justicia social, y que ha enfatizado su papel estratégico para la construcción de un modelo de desarrollo con igualdad. La comparación con la década del ’90 deja un saldo incuestionablemente positivo. Desde el inicio de las paritarias nacionales del sector docente universitario, en el año 2005, un sostenido proceso de recomposición salarial, la aplicación progresiva del nomenclador propuesto por CONADU, la ley de jubilación del 82% móvil, representan mejoras apreciadas por la docencia universitaria. Por otra parte, el presupuesto universitario se ha incrementado notablemente, se han creado más universidades, y se han implementado nuevos programas tendientes a fortalecer distintas áreas y actividades. La reactivación de la actividad de investigación, a través del incremento de programas y de recursos disponibles en las diversas agencias del sistema científico-tecnológico nacional, también ha producido un efecto expansivo en las universidades, brindando a los universitarios mayores y mejores oportunidades para desarrollar su quehacer. Todos estos son logros a defender, que indican un camino en el que debemos seguir avanzando.
La mejora de las condiciones en las que se desarrolla la actividad universitaria, sin embargo, encuentra desde hace tiempo una serie de límites cuya superación, como hemos señalado reiteradamente, exige avanzar en transformaciones que apunten a aspectos estructurales que condicionan la forma en que se expande el sistema y la dinámica de su funcionamiento. Aspectos que, al tiempo que configuran formas de precarización del trabajo, constituyen obstáculos para el acceso efectivo al derecho a una educación superior de calidad para todos y todas, y para el desarrollo de una actividad académica que acompañe cabalmente la profundización del proyecto nacional, popular, democrático en nuestro país.
Existe en el conjunto de las instituciones una proporción excesivamente grande de dedicaciones simples; la relación docente-alumno es extremadamente desigual, y resulta particularmente desfavorable para el ejercicio adecuado de la función docente precisamente en aquellas cátedras o áreas en las que los estudiantes hacen su experiencia de ingreso en la vida universitaria. Este hecho, que redunda en pésimas condiciones de trabajo para los docentes responsables de los primeros años de la enseñanza en este nivel, constituye también una de las trabas para favorecer la retención de los alumnos que tienen mayores dificultades para integrarse en el ámbito universitario. La democratización del ingreso a la universidad se frustra cuando altos niveles de ingreso se correlacionan con bajísimas tasas de egreso. Más preocupante aún es constatar que las cifras de deserción demuestran que la brecha socioeconómica reaparece allí en toda su crudeza.
La mayor parte de los cargos, en la mayor parte de las unidades académicas responden, además, a designaciones interinas, que mantienen a los y las docentes en situación de inestabilidad y sin acceso a la participación plena en el co-gobierno de las universidades. En la universidad gratuita que reivindicamos, estos docentes deben pagar para lograr calificaciones de posgrado que su perfeccionamiento exige. Tenemos un sistema que se expande en ausencia de un marco de planificación que debería asegurar, sin desmedro de la autonomía académica y administrativa de las casas de estudio, que no se despilfarren recursos por superposición de oferta, que se revierta la concentración de oportunidades en algunas pocas zonas geográficas, y que se atienda al desarrollo regional y local.
Una clara muestra de la necesidad de planificar la ampliación de la actividad académica con una perspectiva integral se pone de manifiesto en la situación de los becarios formados por el sistema científico en los últimos años, en los que se ha hecho el esfuerzo de invertir recursos sin haber previsto de qué modo integrarlos luego en actividades socialmente necesarias, y sin generar propuestas para orientar sus opciones profesionales a resolver las carencias del propio sistema público.
Reparar estos desequilibrios e inequidades exige esfuerzo y compromiso de todas las partes involucradas. Pero son las autoridades nacionales quienes pueden y deben convocar a debatir y plantearse como objetivo de primer orden la elaboración de una verdadera política de Estado para las universidades. De otro modo, la apuesta a la universidad como factor de desarrollo, y el esfuerzo por la democratización de las oportunidades educativas y de las condiciones de la producción de conocimiento y sus usos, seguirán vaciándose en el saco roto de la inercia institucional, signada por la lógica noventista que las iniciativas aisladas no llegan a revertir. Los docentes universitarios tenemos propuestas, queremos debatir una reforma estructural del sistema: una nueva Ley de Educación Superior que señale un rumbo diferente, un programa de fortalecimiento de la docencia en los primeros años de la enseñanza universitaria, la garantía de formación de posgrado gratuita para los docentes, una carrera docente que garantice la estabilidad a través del concurso y las evaluaciones periódicas, una discusión amplia de los criterios y dispositivos de evaluación y acreditación de la actividad académica, para que se que valore adecuadamente la tarea docente y el compromiso social, y se promueva una investigación que contribuya a la resolución de los grandes problemas nacionales y regionales, que represente un aporte a la construcción de soberanía. Sintonía fina en la universidad significa afrontar de una vez por todas estas asignaturas pendientes.
Carlos De Feo – Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)