FEDUBA dialogó con Diego Rossi; Profesor Adjunto de la materia “Políticas y Planificación de la Comunicación” en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
F: Según lo programado, la Televisión Digital Abierta tendrá una oferta muy importante de canales y llegará a muchísimos hogares de todo el país. ¿Cómo hacer para que sea -en términos de contenidos- una mejor televisión?
D.R: Será una mejor televisión garantizando diversidad, pluralismo y calidad.
Por supuesto que el criterio de “mejor” es subjetivo, entraña un debate sobre qué producciones o géneros televisivos priorizar, quiénes deciden estas prioridades, cuáles son los parámetros de calidad… pero esto es posible “haciendo camino al andar” con las políticas públicas, y teniendo espacios para debatir estas cuestiones.
La matriz a superar es cierta confusión entre lo que el público quiere, lo que debería querer y la manipulación de las audiencias y su discutible medición a través del rating, propia de sistemas de comunicación hipercomerciales como históricamente ha sido el argentino.
Además de la sustanciación y resolución de los concursos en marcha para 220 licencias de emisoras privadas con y sin fines de lucro en todo el país, es necesario consolidar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en dos vertientes: una, el cumplimiento de reglamentaciones por parte de los canales comerciales, y otra, el financiamiento de producciones con criterio de calidad y federalismo.
Ejemplo de esto es: limitar la constitución de redes, aplicar el criterio de cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales, controlar el cumplimiento de porcentajes mínimos de producción propia, local, nacional en las emisoras del interior. Y sobre todo, fomentar a la producción de contenidos por fondos concursables a través de los Polos Audiovisuales Tecnológicos y el Banco de Contenidos, entre otros.
F: ¿Qué puede aportar la universidad para la construcción de una mejor televisión?
D.R: Como emisor, la Universidad Pública tiene derechos reconocidos por la LSCA. En 2011 fueron asignadas 44 frecuencias de TV UHF (señales que se pueden reproducir en la TV digital). Por supuesto que deben tenerse en cuenta los criterios de gestión de estos canales para aprender de las experiencias buenas y no tan buenas de televisoras universitarias de Argentina y otros países.
Como semillero de profesionales y activos participantes en el campo del pensamiento, la creación y la planificación de medios, claramente la Universidad puede avanzar, ya sea desde lo institucional (presencia en organismos públicos y consejos asesores garantizada por Ley), ya sea desde acciones que por capacidad y autonomía a otros actores públicos les resultaría muy difícil asumir o emprender.
Debería aprovecharse al máximo la apertura de Polos Audiovisuales Tecnológicos articulados con las Universidades para concretar producciones que incidan en la actual grilla de programación conocida o preferida por las grandes audiencias. Pero estos procesos requieren cierto tiempo de afianzamiento, especialmente si deben lidiar contra lógicas particularistas en lo político o lobbies de mercado.
F: ¿Cómo prevee que será el futuro de la televisión por cable una vez que funcione de manera plena la Televisión Digital Abierta?
D.R: Seguramente los servicios de TV de pago (la TV por cable, pero también TV satelital, y distribución de contenidos pagos por Internet) se adecuarán a las prácticas y las reglas que se logren consolidar desde lo público y gratuito. No hay que olvidar experiencias de “triple play” (prestación de telefonía, TV por cable e Internet por el mismo soporte) ya existentes, y la atenta presión de las telefónicas, ya sea como prestadores (el grupo Telefónica junto al grupo Clarín son los más importantes licenciatarios de TV abierta), como actores económicos y como desarrolladores de banda ancha y conectividad.
Es decir, que en la medida que se haga más explícita, abarcativa, plural y creativa la política pública y de acceso universal a contenidos audiovisuales, el sector de la TV comercial de pago deberá ser también creativo, porque las influencias que tradicionalmente se ejercieron podrían tener menor resultado en su esquema de negocios.
Lo ideal es que la audiencia sea lo menos cautiva posible de los prestadores de conectividad, de los anunciantes y de sus intermediarios, los canales o proveedores de señales o servicios audiovisueales.
F: ¿Cuáles fueron/son los efectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina en la región latinoamericana?
D.R: Más que el efecto de los conceptos incorporados a Ley 26.522 (¡que no son poca cosa!), resaltaría la influencia del debate, del proceso de legitimación por audiencias públicas, de la aprobación en el Congreso y la posterior disputa judicial en Argentina, como demostración a la comunidad internacional de un avance en “publificar”, airear esa densa serie de cuestiones que eran y siguen siendo la política de medios, tediosa para la ciudadanía, para la gente común.
En varios sentidos, recuperamos capacidad de maniobra, no sólo del gobierno, del Estado, sino también de diversos actores que durante décadas han estado excluidos de cualquier posibilidad de incidir en decisiones públicas en la materia. La medida de esta recuperación es sin dudas subjetiva, también cuestionable, de acuerdo al foco y las expectativas que cada quien vuelque en este proceso.
Cada país tiene entramados sociales y políticos diferentes… debemos tener en cuenta que en Brasil, aún habiéndose realizado diversas acciones colectivas, todavía no se concretó una política democratizadora. En Bolivia, la nueva Ministra de Comunicaciones tiene como principal misión promover consultas y consenso para lograr una Ley de Medios que supere las interesadas críticas de la mordaza y el proestatismo gubernamental. En Uruguay, lentamente, y junto a decisiones pendientes sobre televisión digital, se está aplicando la ley de radiodifusión comunitaria aprobada en 2007… Resulta difícil promover o visualizar similitudes de nuestro caso en otros países, pero lo cierto es que ahora estamos debatiendo sobre tensiones entre las prácticas del mercado y la garantía de nuevos derechos, antes no previstos ni en la legislación ni en las concepciones sobre medios de la mayoría de los políticos y los dirigentes argentinos.