El proyecto busca el reconocimiento del derecho a la identidad asumida por Estudiantes Trans. En este sentido, César Cigliutti (Presidente de la CHA) declaró a FEDUBA que “desde hace 27 años venimos trabajando con la CHA para tener los mismos derechos que tiene toda la sociedad, en ese marco está el derecho al reconocimiento de la identidad de género de cualquier persona. Y que te anoten en el registro civil con el nombre y género que cada uno se autopercibe es un derecho.”

En relación al debate que se dará esta semana en el Consejo Superior de la Universidad, Cigliutti dijo: “Nos parece un antecedente que la UBA debata el proyecto de `Identidad de género autopercibida` antes de que se apruebe la ley.”

La semana pasada, en la última sesión del año de la Cámara de Diputados, por una amplia mayoría se sancionó dicho proyecto. Pero aún el proyecto de Identidad de Género no se ha convertido en ley, sino que deberá ser aprobado por el Senado en las próximas sesiones que, seguramente, se realizarán ya durante el 2012.

De convertirse en ley, el Estado garantizará que todos los ciudadanos y ciudadanas posean un DNI en el que figure la “identidad de género autopercibida”. El 7 de diciembre también será discutido el proyecto en la Comisión de Reglamento de la UBA, que deberá ser aprobado en la sesión del 14 de diciembre por el Consejo Superior.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CATEGORIA
DEDICACION
CANTIDAD

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

Sociología Política
(Renovación: Slavko Eugenio KVATERNIK)
Asociado
Semiexclusiva
1

Teoría Política y Social I
(Renovación: Miguel Ángel ROSSI)
Adjunto
Parcial
1

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Taller de Expresión III
Titular
Parcial
1

Teorías y Prácticas de la Comunicación III
Adjunto
Parcial
1

Teorías y Prácticas de la Comunicación I
Adjunto
Parcial
1

Políticas y Planificación de la Comunicación
Adjunto
Semiexclusiva
1

Derecho a la Información
Adjunto
Parcial
1

Políticas y Planificación de la Comunicación
Titular
Parcial
1

Psicología y Comunicación
Titular
Parcial
1

Taller de Expresión III
Adjunto
Parcial
1

Políticas y Planificación de la Comunicación
Adjunto
Parcial
1

Historia General de los Medios y Sistemas de Comunicación
Adjunto
Parcial
1

Teorías y Prácticas de la Comunicación III
Titular
Parcial
1

Psicología y Comunicación
Adjunto
Parcial
1

Semiótica II
Adjunto
Parcial
1

Historia General de los Medios y Sistemas de Comunicación
Titular
Parcial
1

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Área Talleres – Trabajo de investigación Final (materias que la integran Taller I, Taller II, Taller III y Taller IV)
Titular
Semiexclusiva
1

Informes y Confirmación de inscripción: Departamento de Concursos de la
Facultad- Marcelo T. de Alvear 2230, 2 P Of. 213 de Lu. a Vier.  de 10:00 a 12:30 y
de 13:30 a 17 hs.- Tel: 4508-3800 int. 129. 150, e-mail: concurso@sociales.uba.ar

Iniciativa entrevistó en exclusiva a Graciela Morgade, Secretaria Académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Educación y Master en Ciencias Sociales y Educación, se desempeña como Profesora Adjunta Regular de la materia Investigación y Estadística Educacional II y del Seminario Educación, género y sexualidades. Autora de publicaciones en temas de educación, género y sexualidades, también se desempeña como Consultora nacional e internacional en la temática. En esta oportunidad analiza las gestiones educativas a nivel nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reflexiona sobre la necesidad de reformar la Ley de Educación Superior y enuncia los que considera son los principales desafíos en materia de educación para los próximos años. También opina acerca de la implementación de la Ley de Educación Sexual y explica su trabajo sobre liderazgo femenino en el sistema educativo.

¿Qué evaluación hace de la gestión educativa que se viene desarrollando desde 2003 a la fecha a nivel nacional?

Hay algunos ejes de política educativa que se lograron instalar en el 2003 y se plasmaron normativamente en el 2006, con la Ley de Educación Nacional. Cabe destacar la visión que hace de la educación en general y la educación pública en particular una cuestión de política de Estado que, además, tiene propósitos de democratización e inclusión y, al mismo tiempo, visibiliza las diferencias. Lo hace sin pensar en “circuitos de calidad”, sino en la idea de una “diferencia” que nutre al conjunto. Considero que en esta ley, la tensión entre igualdad y diferencia está bien resuelta. Por otra parte, hay algunas cuestiones que todavía quedan pendientes. Es muy compleja, aún, la relación entre la Nación y las Provincias. Las respuestas son muy dispares en las diferentes jurisdicciones, en las distintas provincias, a pesar del nuevo lugar que tiene el Consejo Federal de Educación en la ley. Todavía falta llegar a los capilares del sistema educativo. Es algo que resulta difícil, en particular en los temas que yo trabajo, que tienen que ver con sexualidad. En síntesis, pienso que están definidos ciertos ejes de política educativa que son centrales, que tienen que ver con un proyecto político orientado a los sectores más desfavorecidos y con promover la igualdad en tensión con el reconocimiento de la diferencia, pero que la resolución política todavía requiere de un trabajo todavía difícil.

¿Y en relación a la gestión educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Me da la impresión que en materia educativa la ciudad de Buenos Aires, desde el inicio, estuvo sometida a las contradicciones de la relación entre el gobierno local -que nos guste o no ganó las elecciones en un ballotage de una manera muy potente- y un sector educativo, que creo que mayoritariamente no responde a la visión hegemónica del gobierno. La política educativa de Macri estuvo a travesada todo el tiempo por esta contradicción. Esta tensión, a veces, pudo frenar algunas iniciativas de desmantelamiento de programas o para desarmar la estructura que se había logrado con Filmus e Ibarra (que consistió en colocar a la educación nuevamente como política de Estado y, además, a la educación pública como valor). En algún sentido, sobre todo los sectores docentes, se pudo resistir, pero otros no. Por todo, se da una especie de combinación muy heterogénea, según las áreas y los sectores del sistema educativo. El último escándalo tuvo que ver con los cambios que quiere llevar adelante el PRO en el Estatuto Docente, objetivo por el que tardaron 5 años en actuar. En este contexto, las políticas educativas en la ciudad de Buenos Aires están en una encrucijada: entre un gobierno que va por un lado y un sector docente que va por el otro. En este marco de lucha territorial en el que en cada frente pasan cosas distintas, las políticas educativas no tienen el sentido general que el gobierno de Macri quisiera, pero tampoco el que quisieran los gremios docentes. Es realmente penoso que se hayan destruido algunos consensos que se habían logrado anteriormente.

Luego de la sanción de la Ley de Educación Nacional, se abrió un debate en torno a una reforma de la educación superior, ¿qué opinión tiene al respecto?

Considero que cambiar la Ley de Educación Superior es la gran deuda de los diferentes poderes del Estado y de las universidades. Acá no atribuyo meramente al gobierno nacional la iniciativa; considero que tiene que ver con un entramado complejo de poderes e intereses. Heredamos de los ´90 un enorme crecimiento de la educación privada y, en ese sentido, discutir una Ley de Educación Superior hoy en día no es lo mismo de lo que podría haber sido 20 años atrás. Por otra parte, en términos políticos, parece haber mucha reticencia a sentarse a dialogar con la educación privada. Mi opinión es que lo mejor que puede hacerse al momento de pensar una ley es partir del estado de situación inicial y, en este sentido, el sistema universitario asume una gran complejidad por la que es necesario llegar a fuertes consensos de cómo ese sistema se regula. Considero que las universidades estatales nacionales no tienen que tener la misma forma de regulación que las universidades privadas; éste es parte del debate. La lógica de las universidades privadas es otra lógica. Otra cuestión a ser atendida tiene que ver con los posgrados, es decir, cómo se regulan y cuál es su relación con las carreras de grado.

¿En relación a los terciarios?

Pensar a los institutos terciarios como “educación superior” fue un paso importante. El debate debe darse en relación a la pregunta de: ¿cuál es el piso de diálogo entre las universidades y los institutos terciarios? Por el momento, no está siendo resuelto. El Instituto Nacional de Formación Docente interviene y tiene una historia que hace que los Institutos -en mayor o menor medida- lo reconozcan. Pero para las universidades no es un interlocutor válido. Esto provocó que se buscaran otro tipo de interlocuciones, dependiendo del campo. Conozco, por ejemplo, que se ha logrado un documento conjunto entre institutos y universidades sobre núcleos de formación docente en los campos de la biología, la matemática, la física y la química.

A veces terminamos discutiendo los problemas políticos de la relación entre las instituciones y se nos olvida que el problema es el de la educación: ¿cómo hacemos hoy con esta Ley nacional, que implica trabajar a partir de 8 modalidades? ¿Dónde estamos construyendo conocimiento pedagógico? Es en las universidades y en los institutos; eso es algo que tenemos que tratar de salvar para poder cumplir con los objetivos de la Ley de Educación Nacional.

¿Cuáles son las implicancias que tiene en la escuela la incorporación de la perspectiva de género en la educación sexual?

Tuve la oportunidad de trabajar directamente en la elaboración de los documentos de base que sirvieron como insumo para los lineamientos curriculares. Éstos se votaron en el año 2008; considero que son muy buenos a pesar que, como en todo discurso curricular, tiene pequeñas contradicciones internas en algunos lugares. Esto siempre es así porque todos quieren poner alguna palabra en el currículo. A veces la construcción curricular es un debate sobre qué conceptos agregar. Desde mi punto de vista, el enfoque de género es mucho más que una palabra. Creo que lo que cuesta es pensar desde la perspectiva de género toda la construcción del conocimiento, y no solamente en el campo de las ciencias biológicas y en la educación para la salud. Esa es una deuda y es el tema que estamos trabajando. Las profesoras y los profesores de ciencias biológicas y de educación para la salud fueron formados con un paradigma que entendía que hay dos sexos y que lo sexual está determinado por las gametas sexuales. Con esto quiero decir que hay una formación de los y las profesores/as de estas áreas que tienen bastante poco que ver con la categoría de género que está introduciendo la construcción social del conocimiento. A modo de ejemplo, ante investigaciones de las neurociencias que intentan medir cuánto pesa el cerebro de las mujeres y el de los hombres para demostrar que el cerebro de las mujeres pesa menos y por lo tanto las mujeres son menos inteligentes, lo que ahí corresponde es una crítica epistemológica del paradigma y los supuestos subyacentes de la investigación misma. ¿Quién dice que hay una proporción directa entre lo que pesa el cerebro y la inteligencia, cuando también hay otros estudios que muestran que del cerebro se usa una parte y que después de un ACV se reemplaza? Entonces es más una cuestión de estímulo que de cantidad de neuronas o de peso. Este ejemplo específico da cuenta que el gran desafío es incorporar la perspectiva de género a los saberes académicos de base de la formación docente. En biología es crítico, lo mismo pasa en lengua y literatura, en historia y formación ética y ciudadana y ni que hablar en educación física. Por todo, podemos tener elementos curriculares muy buenos, pero son casi el último eslabón de una cadena que arrancó en la formación de las profesoras y los profesores y abarcó incluso la capacitación de quienes formaron a esos profesores y lo que se llama “saberes de referencia”. Ese es el desafío del momento. Me parece que es una categoría que dejó de ser tan amenazante, sobre todo para sectores ultra recalcitrantes. Ahora lo que sigue es acompañar a las profesoras y los profesores en la construcción de saberes que den cuenta de su propio carácter histórico, contextualizado y, por lo tanto, arbitrario en algún sentido.

Considerando su texto “Educación en la sexualidad desde el enfoque de género. Una antigua deuda de la escuela”. A 5 años de la promulgación de la Ley de Educación Sexual integral, ¿cuál es el balance que se puede hacer?

El gobierno nacional, primero un poco tibiamente para mi gusto, instaló el Programa de Educación Sexual Integral. Los materiales son buenos y se van intentando alternativas. Es muy interesante lo que está pasando pero todavía falta trabajar mucho en la relación entre nación y las provincias. Esto tiene que ver con que la implementación no es homogénea y da pie a determinadas decisiones locales desarticuladas. A partir de esto, profesoras y profesores terminan trabajando por su cuenta a causa del vacío dejado por su jurisdicción. Ante este contexto, quizás a mediano plazo se profundice una presión desde abajo hacia arriba en aquellas provincias que están más retrasadas en la implementación de programas de educación sexual. Muchas maestras y maestros expresan la necesidad de trabajar esta política nacional. Están los materiales; queda que se pueda trabajar estos contenidos de pleno derecho, sin docentes que lo hagan cuasi-escondidos.

¿Cómo se define esta heterogeneidad en las provincias?

Hay provincias que todavía tienen dificultades como San Juan, Catamarca, Salta. Como toda ley nacional, tiene que ser aceptada en las diferentes jurisdicciones. Lo que ocurre es que hay provincias que discuten la ley, como en su momento lo hicieron con la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Tiene que ver con un entramado y una limitación jurídica bastante importante. También se debe tener en cuenta otro nivel, que es el de la vida cotidiana. La cercanía entre las personas, que se ven en la escuela, se ven el domingo en la iglesia, produce una especie de control que va por el silencio y otro que va por la sanción, por la sospecha o por desestimular abiertamente la apertura. Esto es preocupante y debe ser tenido en cuenta a la hora de la implementación de la ley. Por otra parte, en otras provincias se está trabajando bien. No siempre depende solo del gobierno sino de la configuración legislativa y de los poderes locales. Ante este contexto, el Ministerio de Educación Nacional -que no tiene escuelas- tiene que continuar motivando e impulsando de diversas maneras a estos sectores. La ley está para ser cumplida. éste es un mensaje que tienen que recibir los profesores y las profesoras.

En su libro “Mujeres que dirigen poniendo el cuerpo” analiza el liderazgo femenino en el sistema educativo. ¿Se siguen reproduciendo estilos relacionados a modelos jerárquicos teñidos de un imaginario patriarcal? ¿Se ha avanzado?

No cabe duda de que tener mujeres líderes, “liderezas” como dice mi directora de tesis, en cargos importantes como la Presidenta, las diferentes Ministras y otras mujeres en cargos importantes, ha servido para revertir una de las dimensiones más críticas de la cuestión, que era la desconfianza respecto de la capacidad de la mujer. De todas maneras, la enorme mayoría de esas mujeres todavía es leída como mujer. Esto es, la identificación del cuerpo de Cristina: ella es leída como mujer, además de como presidenta, militante, etc. Esto no ocurría con Néstor y tampoco con los presidentes varones. La mayor o menor capacidad de los varones no tiene que ver con la lectura que se hace de su cuerpo. Insisto en la idea de “lectura”, en cómo se lee un cuerpo, pensando que no hay una esencia femenina y no hay una esencia masculina. No hay una esencia de varón ni una de mujer, hay una construcción del cuerpo sexuado que es cotidiana, de todos los días. Nos levantamos y construimos ese cuerpo y lo vivimos, lo padecemos o gozamos también en función de toda esa construcción. Luego, la sociedad lee ese cuerpo. En este contexto, la enorme mayoría de los cuerpos están construidos para ser leídos claramente. Hay cuerpos que no: cuando alguien ve un cuerpo y dice que no podría afirmar si es varón o mujer tiene que ver con que esa construcción está hecha a propósito. ¿Qué se lee de un cuerpo? Diferentes cuestiones: rápidamente se lee un sexo -en las mujeres que están en lugares de poder es lo principal- e inclusive en la vestimenta, en el humor. Esto ha sido estudiado por muchas feministas. Quiere decir que las mujeres están y tienen un trabajo adicional: tienen que mostrar que pueden -porque están rindiendo examen- y, además, ese cuerpo es leído todo el tiempo y, de alguna manera, evaluado mucho más fuertemente en su carácter de sexo-género. Ahora, ¿cómo hace el poder y cómo se van construyendo y legitimando? En mi caso trabajo el tema en escuelas y observo que hay algunas reglas del juego, de construcción del poder, que son patriarcales. Estas deben ser jugadas en la general, por mujeres y varones. ¿Por qué alguien hace lo que otra persona le dice que haga? ¿Cuál es la relación que se da? En una relación en la que el poder además es autoridad, la persona lo hace porque le legó la construcción al otro. Uno delega la conducción y la persona que conduce y dirige. Esto es así porque antes hubo una delegación, hubo un proyecto. Me da la impresión que las mujeres tienden a construir y respetar esos proyectos que las llevaron a estar en ese lugar, pero no podría generalizar porque todavía hace falta recolectar más experiencia histórica. En mi trabajo concluyo que, en el sistema educativo, las directoras más exitosas desempeñando su cargo son aquellas que mejor conducen pedagógicamente la escuela y no quienes se ponen en el lugar de ser las disciplinadoras. Esto tiene que ver con cómo el colectivo le da la legitimidad, la autoridad. En ese contexto, la manera de legitimarse es siguiendo los mandatos del colectivo; éste es el matiz y, por eso, en el libro afirmo que las mujeres dirigen poniendo el cuerpo, porque su cuerpo es leído como un cuerpo de mujer.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos en materia de educación para los próximos años?

Si bien estoy de acuerdo con el enfoque general que se está tomando en relación con la escuela media, me preocupa que todavía no estamos logrando superar el fuerte escollo que tiene la estructura organizacional. El trabajo en la escuela secundaria es por hora-cátedra; ante este formato, cada docente puede llegar a tener 10 cursos y 400 estudiantes. Considero que esta estructura tiene que ser modificada y es el gran desafío. A modo de ejemplo, la idea de repetir un año es algo loquísimo porque un alumno o una alumna que repite, luego de llevarse 3 materias previas, tiene volver a hacer las 11 materias que ya aprendió. Hoy en día estamos haciendo repetir y la repitencia es uno de los factores que más anticipa el abandono. Este es un tema que no puede dejar de ser repensado: hay experiencias en las que se cursa por materia en vez de por año. Si bien la educación inicial y primaria no tienen todo resuelto y se puede mejorar, en general están mucho más resueltas. Por eso hay que trabajar mucho en relación a la educación secundaria universal, todos y todas tienen que estar adentro de la escuela. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, fue una de las mejores medidas en este sentido, ahora tenemos que lograr que los alumnos y las alumnas se queden en la escuela. El Estado, la academia, los intelectuales; tenemos que generar los modos y las herramientas necesarias para que la escuela sea más inclusiva porque sino los estamos expulsando.

*Fuente: Espacio Iniciativa – http://espacioiniciativa.com.ar/?p=5491

Allí estuvieron presentes dirigentes de la CTA, del MOCASE y varias organizaciones sociales y sindicales. Se anunció la entrega de un petitorio en el Congreso Nacional, en demanda de una pronta discusión de una Ley de Tierras contra los desalojos y de la creación de una comisión legislativa, con representantes de los movimientos, que ponga fin a este tipo de ataques que afectan a los militantes campesinos.

El primero en tomar la palabra fue el Secretario General de la CTA Hugo Yasky, quien dijo: “todo el espacio de organizaciones políticas y sociales de las Centrales Sindicales que constituimos, hoy quiere expresar su solidaridad y apoyo a la lucha de los compañeros del MOCASE, en repudio al asesinato del compañero Cristian Ferreyra. Y la decisión de avanzar acompañando la lucha del movimiento campesino y sus distintas expresiones, reclamando la sanción de las leyes que hacen faltan para terminar con la extranjerización de la tierra, con los desalojos de los pequeños campesinos, con las atrocidades que viven nuestros compañeros y compañeras de los pueblos originarios y con la prepotencia y la violencia de los sectores empresarios que hoy son los responsables directos de estas injusticias y atropellos”.

Al respecto, Yasky anunció también una convocatoria para el próximo viernes 25, a las 15 horas, frente al Congreso de la Nación: “Vamos a acompañar el reclamo del MOCASE, para que se sancionen dos leyes, una contra los desalojos y por la función social de la tierra. Y otra, urgente, para frenar la extranjerización de la tierra y así empezar un debate profundo, para resolver el tema de la tierra, de la soberanía alimentaria y de la vivienda en la Argentina”.

En ese sentido, el dirigente de la CTA afirmó que allí se va a solicitar la creación de “una delegación conformada por legisladores, miembros de las organizaciones sociales, de las organizaciones de los trabajadores y de las centrales, que vaya a Santiago del Estero a reunirse con las autoridades tanto políticas como judiciales”, como así también anunció que el día viernes se realizará en Monte Quemado, Santiago del Estero, una marcha a la que asistirán los movimientos presentes en la conferencia.

Por el MOCASE, tomaron la palabra sus militantes Adolfo Farías, Ramiro Fresneda y Cristina Loaiza, quienes coincidieron en que el asesinato de Ferreyra, militante de un movimiento que lleva 21 años de resistencia, defendiendo la tierra y la dignidad campesina e indígena, frente al agronegocio, en una lucha por los bienes naturales, es un duro golpe para el colectivo.

En relación al asesinato en sí, Farías señaló: “hoy tenemos a Cristian muerto, pero debemos mencionar que en esa comunidad han sido tres los compañeros asesinados y se ha conocido poco de esto, porque fueron silenciados por los grandes medios de comunicación. Lo que ha pasado el día 16 de noviembre a las tres de la tarde ha sido organizado y planificado. En primer lugar, Gerardo Zamora es responsable del asesinato de Cristian, porque es quien ha introducido la violencia a través del agronegocio en la provincia. En segundo, el juez Fringes Sarria de Monte Quemado también es responsable. Cuando fuimos a denunciar, quedamos detenidos. Y nos han mencionado que si vamos a denunciar otra vez, seremos detenidos otra vez”.

Farías indicó también que durante los últimos ocho meses, el MOCASE fue víctima de varios atentados, de los cuales enumeró: “el incendio a la radio Pajsachama, la primer radio en argentina que funciona con energía solar, con una bomba de nafta preparada para destruirla la radio; tiempo después, otra destinada a los equipos de energía solar que alimentan la radio, que pudo apagarse; compañeros presos y bandas armadas organizadas, (dirigidas por) el empresario Ciccioli, madera dura del Norte y los Julianes, otra empresa que se dedica a la tala de bosques y saqueos de nuestros bienes naturales”.

“En todo el país -apuntó Farías- hay desalojos y compañeros asesinados. Lo que ha pasado con el compañero qom no es casualidad. Tiene que ver con un modelo productivo muy vinculado al agronegocio. Y acá los actores como judiciales, desde Zamora para abajo, son responsables. El director de bosques, Julio Araujo, dio orden de desmonte en la comunidad donde fue asesinado el campesino del MOCASE, cuando en el mismo relevamiento esa zona estaba catalogada como monte nativo. El ministro de la producción José Parano Gelid también dio orden de desmonte, queriendo introducir más de 5000 cabezas de ganado en las comunidades donde habitan familias campesinas, como Lules y Vilelas, hoy reconocidas por el Estado Nacional como comunidades indígenas. El gobierno provincial de Zamora responde a la oligarquía que ha salido hace unos años atrás a bloquear el país. Estamos acusando al gobierno de Zamora como responsable político y a las entidades agrarias que bloquearon al país”.

En ese contexto, Farías subrayó que desde el MOCASE exigen “que sean parado los desmontes; (la creación de) una ley para frenar urgente los desalojos en Santiago de Estero, porque no alcanza con parar los desmontes; que se cumplan los 7 puntos que Zamora se ha comprometido; frenar los desalojos y que no sean más avallada las comunidades. El asesinato de Cristian se ha producido por el saqueo y al avallasimiento de nuestro territorio”.

Por su parte, Ramiro Fresneda, abogado perteneciente al Equipo Jurídico del MOCASE- Via Campesina, agradeció el apoyo de los movimientos presentes, al afirmar que “nos parece fundamental y cardinal que las organizaciones de los trabajadores empiecen a tomar nota de la problemática grave que existe con respecto a la tierra con nuestro país”, como así también que “la lucha dio lugar a logros importantísimos hasta el momento, como es el hecho que ahora esté detenido el autor intelectual del asesinato, el empresario José Ciccioli”.

Fresneda agregó luego que el caso se trata de una “desgracia anunciada”, al asegurar que “hace mucho tiempo que todas las organizaciones campesinas vienen generando un ejercicio de unidad para poder trabajar, además de la lucha en nuestros territorio, en una propuesta que necesitamos urgente: que los diputados empiecen a discutir en el Congreso de la Nación la problemática de la tierra. Desde una perspectiva integral, donde se discuta la función social de la tierra. Hace más de un año venimos trabajando en un ejercicio de unidad con todas las organizaciones de la agricultura familiar argentina, con el apoyo de muchos diputados en el trabajo de una ley para suspender urgente los desalojos de comunidades, agricultores familiares, pequeños campesinas. Estamos planteando una moratoria urgente en cuanto al desalojo de una familia, porque es la violación más evidente de los derechos humanos básicos. Hoy, lamentablemente, en las provincias se vulneran los derechos adquiridos de miles de hombres y mujeres, en nuestro interior profundo”.

“Lamentablemente en los territorios donde el agronegocio avanza se genera una distorsión donde las leyes del mercado prevalecen por sobre nuestras leyes de todo derecho. Que una familia campesina pierda sus tierras es de una gravedad institucional de relevancia. No podemos permitir en nuestro estado de derecho que la gente de la tierra se quede sin tierra. Creemos que a partir de una ley para suspender desalojos y que se trate de manera urgente la ley para frenar la extranjerización de la tierra. Esta es la cara de la otra moneda: se esta afectando nuestra soberanía, nuestra independencia económica. Hay más de 1000 casos de desalojo de posibles de pequeños productores agricultores y campesinos a partir de la expansión de la frontera agrícola y el desierto verde de soja. Para una familia campesina perder la tierra es perder identidad”, concluyó al respecto el letrado.

Los hechos

Desde hace cuatro meses que la comunidad de San Antonio, a la que pertenecía Ferreyra, viene resistiendo al intento de desalojo de sus territorios campesinos indígenas. En ese marco, el MOCASE denunció en varias ocasiones la escalada de violencia contra quienes resisten los desalojos y combaten los desmontes de miles de hectáreas, en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi, en la provincia de Santiago del Estero.

Familias como la de Ciccioli, Julianes, Villa y Saud son de los empresarios que diseñaron el plan de ataque dirigido hacia los campesinos indígenas y que cuentan con la connivencia del poder político y judicial. Detenciones arbitrarias, atentados y la quema de sus ranchos, son algunos de los atropellamientos que sufre el movimiento campesino.

En la tarde del pasado miércoles 16, dos matones -que serían sicarios del empresario José Ciccioli- se presentaron en el domicilio de la familia Ferreyra. Una vez allí, dispararon a sangre fría con una escopeta contra Cristian, de 25 años de edad, causándole la muerte, e hiriendo a otro militante, quien se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña.

Fuente: CTA.

Es por ello, que FEDUBA les recuerda a los docentes que independientemente del tipo de cargo, sea este regular o interino, todos los docentes tienen el derecho de extender su actividad hasta los 70 años.

La historia del problema

La universidad pretende restringir el derecho de los trabajadores docentes en relación a la opción de permanecer por 5 años mediante la Resolución 2067 (CS), limitando ese derecho a los docentes regulares. Se trata de una restricción irrazonable del derecho establecido por ley, y por lo tanto arbitrario e inconstitucional, que continúa una desacertada política restrictiva iniciada por la UBA apenas sancionada la ley con la resolución 2241-09. A través de esta primera resolución, la universidad ya estaba desconociendo un derecho establecido mediante una ley que fue el resultado de una lucha gremial que acompañó la demanda del conjunto de los trabajadores docentes.

Como resultado de esta situación, FEDUBA ya desde el comienzo de la sanción de la ley llevó adelante acciones gremiales y judiciales en pos de la plena vigencia de la ley de jubilaciones del 82 móvil para los docentes universitarios. Se implementó un servicio de asesoramiento jurídico gratuito a los afiliados, el dictado de charlas y capacitaciones vinculadas a la materia, la presentación de amparos ante los juzgados contenciosos y administrativos, así como también impulsó movilizaciones del sector.

Ahora, con la Resolución 2067 del Consejo Superior pretende excluir del percibimiento de un derecho adquirido a aquellos docentes con designación interina. Cabe resaltar que si la totalidad de los cargos en ejercicio no son concursados es una absoluta responsabilidad y deficiencia institucional.

Asesoramiento legal

Para aquellos que deseen gozar del derecho de mantenerse 5 años más en el cargo, FEDUBA pone a disposición su consultorio jurídico atendido por los abogados Mariela Olivari y Luis Roa, que funciona todos los miércoles a partir de 14.30 hs en Pasco 255; cuyo teléfono es 4953-5037 int. 120.

Notas anteriores sobre jubilación:

Aumento del 22,81% en las jubilaciones docentes universitarias

http://feduba.org.ar/info/?p=2463

Jubilaciones de docentes universitarios: avances, asistencia jurídica y aporte a la discusión

http://feduba.org.ar/info/?p=2070

Novedades sobre las jubilaciones de los docentes universitarios

http://feduba.org.ar/info/?p=2063

El consejo Superior de la UBA limita la Ley del 82% móvil

http://feduba.org.ar/info/?p=1934

F:¿Qué opinión le merece el fallo histórico del juicio relativo a la causa ESMA?

EB: Es necesario conocer los fundamentos del fallo para poder dar una opinión fundada y definitiva. Por de pronto señalaría que tiene un valor simbólico en cuanto a expresar, en conciencia y en acto, la expresión que el pueblo argentino hizo propia: “nunca más”. A ello debe agregarse la significación frente a la comunidad internacional de haber podido condenar, en sede nacional, a uno de los represores más connotados, por su perversidad patológica y ser un segmento de lo atroz y aberrante que produjo la dictadura militar.
Es importante que el fallo refiera al genocidio como tal, aunque -repito- debemos aguardar a que se conozcan los fundamentos para ameritar los fundamentos del empleo de esa calificación.

F: ¿Cómo considera la utilización de la figura de “genocidio” para este tipo de crímenes?

EB: Desde el inicio del juzgamiento de estos crímenes de la dictadura militar -y me estoy remontando al juicio a los ex comandantes (Causa N° 13/84)- empleé la Convención Internacional sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que la Nación Argentina ratificó en el año 1956, por lo que era norma positiva de nuestro ordenamiento penal con anterioridad a los hechos de la causa (terrorismo de estado). Es bajo esa figura que formulé la acusación en la Causa N° 13/84, como letrado de los casos “TERESA ISRAEL” y “PABLO FERNANDEZ MEIJIDE”.  La Cámara Federal invocó en su sentencia la Convención, pero no la aplicó. Creo que fue un error histórico, porque todas las figuras contenidas en el art. II de la Convención están reguladas en el Código Penal y la pena (reclusión perpetua) resultaría del concurso delictivo. En cuanto al grupo represaliado, he efectuado un desarrollo sobre el concepto de genocidio, recogido por el Instituto Max Planck, en el que sostengo que la expresión “grupo” es la determinante del tipo penal, y que las expresiones “nacional”, “étnico”, “racial” o “religioso” no son enunciaciones taxativas, ya que en la primer versión de la Asamblea General de la ONU, se agregaba, a dichos grupos, “políticos” o “de cualquier otra índole”. De allí que, he sostenido, quien configura el grupo como tal es el represor. Hasta aquí, la doctrina de la CSJN es considerar estos hechos delictivos como crímenes de lesa humanidad. No comparto, en el plano doctrinario, esta calificación, y si bien pareciera que a los fines de las condenas poco importa que se los califique como genocidio o como crimen de lesa humanidad, no menos cierto es que la Convención del Genocidio era derecho positivo argentino previo a los hechos de las causas, por lo que satisfacía el requisito de “ley previa” a que refiere el art. 18 de la C.N.

F: ¿Cuál cree que será el impacto internacional de este juicio? ¿Puede ser un modelo para otros países?

EB: Todo lo ocurrido en materia de juzgamiento de estos crímenes del Estado terrorista, y muy especialmente desde la anulación de las leyes, también atroces y aberrantes, del “punto final” y la “obediencia debida”, se configura en un modelo para la humanidad y muy especialmente para Latinoamérica.

F: ¿Qué tratamiento tuvo, y sigue teniendo en la actualidad, la problemática del genocidio en la Universidad en nuestro país?

EB: Sencillamente, que se la enseña en su dimensión sociológica y antropológica, no así en la jurídica, que pareciera ser la más específica y propia al espacio normativo institucional en que deben operar los valores de “verdad” y “justicia”.

Consultado sobre la situación de la educación superior en España en este momento de crisis, Pedro González afirmó que “los últimos 30 años el sistema universitario español había crecido mucho, la universidad elitista que hubo hasta los años 80 se convirtió en una universidad de masas… mucho más equitativa participativa y democrática, con mayor financiación. Sin embargo, desde que empezó la crisis, las políticas de recorte a las que están sometiendo a la universidad están poniendo en peligro todo lo que se había conseguido anteriormente.”

“En algunas universidades los rectores anuncian que no tienen dinero siquiera para pagar a la planta de profesores y personal. Se está recortando, además, la capacidad de negociación colectiva y de gobierno colegiado de las universidades, como consecuencia de que no hay dinero para poner en marcha las reformas que se hicieron en los años 200 y 2007. En conclusión, hay un claro retroceso en lo conseguido, que hizo de la universidad una universidad democrática.”, declaró.

Ante este escenario, según González, la comunidad universitaria reacciona con un clamor generalizado, reclamando que “si hay que hacer recortes, los recortes presupuestarios han de hacerse en cualquier otro campo que no sea ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación. Puesto que la única manera de salir de la crisis, cuanto antes y en buenas condiciones, es que la ciudadanía tenga un nivel de formación lo más elevado posible que le permita desarrollar iniciativas productivas del más alto nivel. Ya no existe agricultura de la gente recogiendo productos a mano, todo está tecnificado y la única manera de tener un sistema económico que permita mantener un estado de bienestar es con un nivel de formación de la ciudadanía muy alto.”

Esa formación que está brindando la universidad está estrechamente vinculada con las necesidades del país, “el problema es la velocidad con que se está haciendo eso, hasta ahora era la adecuada pero si se empieza a hacer más lenta en este momento, el número de investigadores, el número de personas con un nivel muy elevado de formación, capaz de desarrollar nuevas iniciativas
de producción y de invención, no se producirá en España.”, pronosticó el líder de CCOO.

Esto se debe a que ante la crisis española, hay otros países que están realizando mejores ofertas  a los profesionales de elevada formación: “Hace unos años, Alemania ofrecía un contrato a 10 Mil titulados superiores españoles, fundamentalmente, en las áreas de física, química, ingeniería, arquitectura y economía. El esfuerzo de formación de esas 10 Mil personas lo ha hecho España, ha conseguido darles una muy elevada cualificación, y ahora Alemania los quiere y los trabajadores se van porque en España no tienen empleo ni posibilidad de trabajar. Eso se llama depredación.”, sentenció González.

Con respecto a las discusiones que se mantuvieron durante la III Reunión de Sindicatos de la Educación Superior de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), Pedro González expresó que son muy importantes porque “la puesta en común de la realidad, de los problemas y de las soluciones que cada uno de los países están acometiendo es muy ilustrativo desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista social en general; son herramientas muy buenas para poner en común iniciativas que deberían irse expandiendo por toda la región como buenas prácticas.”

Y continúo: “El modelo de universidad desarrollado en Argentina y en Brasil, para mí, es un modelo que debería extrapolarse a todo el mundo. Estoy aprendiendo muchísimo en este encuentro y pienso contarlo en mi país en cuanto vuelva.”

Participan: Iconoclasistas / Grupo de Ecología Política Comunidades y Derechos (Gepcyd/ Instituto de Investigaciones Gino Germani-Fac. Ciencias Sociales UBA) / Taller de Imagen, Memoria y Territorio (Escuela Grafica Patricios/Arte y Sociedad-CIDAC- FFyL UBA) / Centro de Educación Popular Feminista e Intercultural (Facultad de Ciencias de la Educación, UNCo) / Trabajos de mapeo intercultural participativo en territorio mapuce en la Pcia de Neuquén / Proyecto Nueva Cartografía Social de los Movimientos Sociales y sus propuestas educativas (Movimientos Sociales y Educación, Sec. de Extensión, FFyL-UBA) / Bachillerato Popular La Dignidad Villa Soldati.